La Dirección General de Contaduría General, dependiente del Ministerio de Hacienda del gobierno de la Ciudad, aumentó su personal tercerizado exponencialmente.

En particular, la situación de quienes hoy nos encontramos bajo la modalidad de “contrato de locación y servicios”, programa Asistencia Técnica, dentro de un convenio celebrado con la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y, otros compañeros que tienen también un convenio con la Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM), es deplorable.

El mismo dice que debemos cumplir treinta y cinco horas semanales y podemos estar sujetos a cualquier modificación. Al mismo tiempo, si tenemos un accidente laboral no estamos cubiertos por la ART y si faltamos por estar enfermos nos descuentan las horas de trabajo del salario, por más que presentemos justificativo. Tampoco cobramos aguinaldo, no tenemos vacaciones. Nuestro salario es de 6.700 pesos, del cual nosotros, al estar en relación “independiente” o “autónoma” respecto del gobierno, debemos pagar monotributo e ingresos brutos.

Las tareas que desarrollamos requieren de una capacitación sistemática de cursos en el Instituto Superior de la Carrera para manejar los sistemas con que trabajamos. Esta situación nos asigna una calificación en el plano teórico, pero que no es remunerada en la realidad.

Aquí hay trabajadores que están hace más de tres, cinco y ocho años y no han pasado a planta permanente; y cuando eso ocurre no se les reconoce la antigüedad. La burocracia sindical de Sutecba se llena la boca con estos reclamos pero no hace nada concreto. Incluso el gobierno prohíbe nuestra afiliación. Esta situación de vulnerabilidad es avalada en el mismo contrato que contempla el despido sin explicación alguna.

Entre los responsables de este régimen de superexplotación -además del macrismo- hay que contar a los directivos de la facultad de Ciencias Económicas y a Emiliano Yacobitti, uno de los dirigentes de la UCR, que se encarga de la campaña electoral de Martín Losteau y maneja la caja negra de Económicas.