Sindicales

3/8/2006|957

Por el triunfo de docentes y estatales

De la Sota ofreció un aumento miserable a docentes y empleados públicos (menos del 7% promedio); lo hizo con una extorsión: sólo se otorgará si se comprometen no realizar medidas de fuerza hasta fin de año. La “oferta” del gobierno fue recibida por los trabajadores como una provocación.


Los docentes pararon los dos primeros días del inicio de clases después de las vacaciones invernales y realizaron asambleas de un turno el resto de los días. El mandato fue unánime: profundizar las medidas. Algunos mandatos plantean el paro por tiempo indeterminado; otros por aumentar paulatinamente y llegar al paro por tiempo indeterminado en tres semanas.


Los hospitales y la administración pública pararon viernes y lunes, y también plantean profundizar la lucha. De la Sota anunció el descuento de los días de paro (en el caso de la docencia, un 20% del sueldo).


División de tareas


Una reunión convocada por el Ministerio de Educación nacional terminó en un fracaso. Los funcionarios provinciales ratificaron que no se moverían de la oferta ni de sus condicionamientos. El gobierno nacional sólo ofreció acelerar el pago del incentivo docente. Los gremios (y fundamentalmente la Ctera) distinguen permanentemente entre Kirchner y De la Sota; pero entre ellos sólo hay una “división de tareas”. La provincia justifica que no puede dar mayores aumentos porque se lo impide el pacto de responsabilidad fiscal; Kirchner defiende ese pacto, que es la base del superávit fiscal que permite mantener la gran caja nacional con la que se subsidia al capital y se paga la deuda externa.


El pacto de responsabilidad fiscal es un cepo para mantener los salarios de los trabajadores del Estado congelados, para tener pasantes y contratados, para sostener gran parte de las administraciones municipales con los planes Jefes y Jefas.


De la Sota rechaza aumentar salarios a médicos y docentes argumentando que el año pasado les dio un aumento “importante”. Sin embargo, “los aumentos otorgados por la provincia de Córdoba a los maestros desde 2001 acumulan un 65 por ciento, un valor inferior al 93 por ciento del promedio del país y al 82 por ciento de inflación” (La Voz del Interior, 27/7).


En el mismo momento en que niega aumentos a sus empleados, el gobierno provincial anunció que ofrecerá al acuerdo Fiat-Tata “subsidios de 300 ó 400 pesos por cada empleado que tomen, rebajas en los costos de la energía eléctrica, créditos del Banco de Córdoba para sus proveedores y todos los beneficios de la ley de Promoción Industrial” (Clarín, 26/7). El grupo Fiat es conocido; el indio Tata menos, pero se trata del quinto fabricante mundial de vehículos y tiene una facturación anual de 20.000 millones de dólares. Esta “asistencia” será ampliada por la Nación.


La lucha de los estatales cordobeses es una lucha estratégica. El gobierno quiere seguir utilizando el superávit para sostener a la burguesía y sus negocios; los trabajadores lo quieren para sostener la salud y la educación.


Burocracia


La burocracia sindical viene arrastrando el conflicto desde marzo; confiaba que De la Sota “tiraría” un 19%. Fue “dosificando” las medidas, lo que envalentonó al gobierno. Llegó julio y nada.


Ctera critica a De la Sota pero no convoca a un paro nacional. Nebreda, de UEPC, es una de los tres secretarios generales de la CGT Córdoba (kirchnerista). La CGT, sin embargo, no ha convocado a ninguna medida de fuerza en apoyo a sus dos gremios afiliados de los empleados públicos (UEPC y SEP).


A ganar


Las asambleas toman resoluciones muy claras: profundizar la lucha, rechazar la “oferta” del gobierno, seguir adelante. Este es el camino.


El Partido Obrero reclama el paro provincial activo de todas las centrales sindicales y plantea la organización de padres, alumnos y usuarios de los hospitales para poner en la calle el gran respaldo a una lucha clave para todos los trabajadores.