La reunión plenaria de la mesa nacional de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, reunida el pasado sábado 23, definió la necesidad de recuperar la autonomía política de los sindicatos como una tarea central de la clase obrera frente al nuevo gobierno, decidido a honrar la deuda con el FMI y los fondos buitre a costa de las postergadas necesidades de los trabajadores. A pocos días, las noticias publicadas por los medios dieron la razón a esta caracterización: los Fernández están negociando en forma paralela y a todo vapor con el FMI y los bancos especuladores, aún antes de la asunción del próximo 10 de diciembre.

De la reunión participaron 70 dirigentes sindicales de la CSC-PO, entre ellos Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Unico de los Trabajadores del Neumático; Ileana Celotto, secretaria general de la AGD-UBA; Romina Del Plá, secretaria general del Suteba Matanza; Eduardo Belliboni, de la Mesa Nacional del Polo Obrero; Daniel Rapanelli, secretario general del Suteba Ensenada; Amanda Martín, secretaria adjunta de Ademys; Miguel Díaz, delegado recién reelecto de Siderca; Matías Tomasello, de la minoría de Foetra; Lucho Cáceres, secretario de Hacienda de Amsafe-Rosario; Miguel Bravetti, de la CI gráfica de Interpack; Walter Reláñez, de la CI de la papelera Kimberly Clark ocupada; Christian Paletti, delegado del subte. La reunión fue abierta por Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero.

El marco de las deliberaciones estuvo dado por las rebeliones obreras y populares que sacuden a toda América Latina,  expresiones de la crisis capitalista que, en nuestro continente y en todo el globo, impulsa a las masas a las calles en defensa de sus condiciones de vida. 

La primera resolución, entonces, fue promover una acción huelguística unificada de la CGT de la Argentina, la CUT de Brasil, el PIT-CNT de Uruguay, la CUT de Chile y el resto de las centrales obreras y organizaciones populares, por la derrota del golpe en Bolivia y el triunfo de la rebelión chilena.

La realidad argentina no desentona con la crisis latinoamericana. Lejos de ello,  endeudada hasta el límite, con 15 millones  de pobres y una recesión prolongada, Argentina es uno de los eslabones más débiles de esa crisis mundial. La transición “ordenada”, entre Cambiemos y el peronismo, que los medios destacan, encubre esta situación explosiva y la puesta en práctica de un plan de ajuste que permita rescatar al capital nacional, cumpliendo los compromisos con el imperialismo y el capital financiero.

Fuego cruzado

Alberto Fernández se encuentra en medio del fuego cruzado de la política de ajuste que le impone la crisis y la reacción inevitable de la clase obrera, entre la presión del imperialismo y las masas.

La CGT y las CTAs, sin embargo, ya han declarado que serán parte del gobierno de Alberto Fernández. Los “sindicatos son de Perón”, dijo Roberto Baradel, anticipando su seguidismo a Héctor Daer que declaró el default de los sindicatos que pasarán a ser parte del Consejo Económico y Social que se formaría por ley.

A ese interés social responden tanto la “Mesa contra el Hambre” -que, con una tarjeta alimentaria de subsistencia, además de un enorme negociado con las hambreadoras patronales de la Copal, pretende contener las inmensas necesidades insatisfechas de más de un tercio de la población- y el pacto social con las burocracias sindicales. Los sindicatos aceptarán, a cambio de algún aumento salarial modesto (que las patronales pretenden patear para el año que viene), cláusulas de productividad y flexibilidad. El pacto social es un chaleco de fuerza para contener los reclamos y las luchas, que en toda la era Macri mostraron a una clase obrera combativa y dispuesta a  enfrentar los planes de guerra de los capitalistas, férreamente aisladas y contenidas por la CGT y las CTAs.

La CSC-PO llama a la clase obrera a rechazar un pacto con las patronales que exigen su rescate en contra de las masas. La clase obrera, lejos de “abandonar la calle”,  como planteó Alberto Fernández, debe movilizarse de manera independiente. En ese camino es crucial luchar por recuperar la autonomía política de los sindicatos, hoy colocados por los burócratas de la CGT, con Daer a la cabeza, para garantizar la contención.

Por último, la CSC-PO caracterizó a la movilización del 7 de diciembre, convocada por Macri al dejar el poder, como una señal de constituirse en una alternativa bolsonarista al virtual fracaso en el futuro del plan de ajuste del pejotismo, en tanto que la movilización albertista del 10 de diciembre es una acción al servicio de la estatización del movimiento popular. 

Movilización y programa

En contraposición de ambos, la CSC-PO impulsa una movilización del Plenario Sindical Combativo y de todos los sectores populares en lucha para el 20 de diciembre, en un nuevo aniversario del “Argentinazo”, por la independencia política de los sindicatos respecto del gobierno y de las patronales, y una salida obrera a la crisis argentina, que integre a nuestro pueblo a la lucha de todos los trabajadores de América Latina.

Por un Congreso de Delegados, mandatados por las bases de todos los sindicatos, para discutir una salida de los trabajadores y ejecutar un plan de lucha por este programa:

*Prohibición de despidos y reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios.

*Reincorporación de los despedidos estatales. Pase a planta bajo convenio. 

*Reapertura de las fábricas cerradas en los últimos dos años bajo gestión de los trabajadores. 

* Apertura de los planes sociales y duplicación de los montos. Duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH). 

*Seguro al desocupado. Trabajo genuino.

*Salario equivalente a la canasta familiar actualizado por inflación.

*Mínimo, vital y móvil de 35.000 pesos e igual mínimo jubilatorio.

*Actualización por inflación.

*Paritarias libres, respeto de las cláusulas gatillo. Paritarios y pliegos votados en asamblea.

*Doble aguinaldo para afrontar los aumentazos y tarifazos.

*No a las reformas laboral y jubilatoria del FMI.

*Contra la inflación, apertura de los libros y control obrero de los precios.

*Basta de persecución y desprocesamiento de todos los luchadores. Absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz.

*Aborto legal seguro y gratuito. Educación sexual integral. Separación inmediata de la Iglesia del Estado. Ni una Menos, el Estado es responsable. Por la igualdad y los derechos laborales de la mujer trabajadora. 

*Contra el saqueo de los recursos naturales por parte de los pulpos petroleros y mineros, que destruyen el medio ambiente.

*No pago e investigación de la deuda pública. Ruptura con el FMI. 

*Nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos, bajo control de los trabajadores.

*Por un Congreso de Delegados, mandatados por las bases de todos los sindicatos, para debatir un plan económico de los trabajadores  y ejecutar un plan de lucha por este programa.