Sindicales

19/1/2006|931

Por qué chilla la oligarquía


Felipe Solá presentó un proyecto de aumento del impuesto inmobiliario rural, que contempla los niveles de productividad de cada distrito” (La Nación, 14/12), exactamente lo que una semana antes había reclamado el presidente de Carbap (La Nación, 29/11).


 


El gobierno acordó variar la alícuota y no el revalúo, “una fórmula de transacción acordada”, porque “un nuevo revalúo impactaría sobre… sobre los bienes personales del sector agropecuario” (La Nación, 7/12). Felipe Solá dijo que el inmobiliario rural, con el aumento incluido, es un impuesto “mínimo”, pues cada una de las 28 millones de hectáreas en producción paga 10 pesos al año. Tiene razón de que es “mínimo”: el inmobiliario rural, en la provincia emblemática de la pampa húmeda: aporta menos del 3% del total de ingresos provinciales. El mismo proyecto prevé la rebaja de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos para algunas actividades agropecuarias (acopiadores, semilleros y agroquímicos).


 


Solá anunció que elevará del 10 al 25% el descuento que reciben los “contribuyentes regulares” y redujo de cinco a tres años el tiempo necesario de “cumplimiento en fecha” para gozar de este beneficio, luego de una protesta de Carbap.


 


El aumento constituye una cifra despreciable en los enormes beneficios de la oligarquía. La devaluación de enero de 2002 significó un salto colosal en sus beneficios como consecuencia de la licuación de las deudas en dólares, la valorización de los campos y los altos precios de exportación de los granos y la carne. También, la joda impositiva. Aunque la Ley de Catastro Provincial obliga a realizar un revalúo de la propiedad cada diez años, no existe revalúo desde 1952… ¡hace 53 años! La clase terrateniente ocupa una porción de los sillones de dirección del Banco Provincia y dispone, además, de la declaración de zonas de emergencia que prevé anulación de impuestos, créditos y auxilios extraordinarios invocando sequía o cualquier tipo de desastre natural.


 


Todo esto sin contar el gran recurso que es la división de la propiedad (en manos de testaferros) para eludir el pago de impuestos.


 


El aumento del impuesto inmobiliario rural no toca al terrateniente pero es un mecanismo adicional de confiscación del pequeño y aún mediano productor. Según el último censo (2003), hubo una caída del 30% en el número de explotaciones en los diez años anteriores.