Las tres cámaras que agrupan a los pulpos farmacéuticos, Caeme (laboratorios multinacionales), y Cilfa y Cooperala (que nuclean a los nacionales), se pronunciaron por el rechazo de la ley de medicamentos genéricos recientemente sancionada en el Parlamento, porque sostienen que la norma “permite la sustitución de medicamentos no intercambiables entre sí”. Argumentan que al obligar la ley a prescribir medicamentos por su denominación genérica se va “en contra del derecho de propiedad” (Clarín, 4/9).

Sostienen que los denominados genéricos son productos farmacéuticos similares pero no equivalentes, y que precisamente no garantizan las condiciones de bioequivalencia y biodisponibilidad de los productos de marca. En realidad, la comercialización de todo producto farmacológico en el país depende de la autorización de la Anmat… organismo absolutamente desfinanciado.

En ese sentido, el ministro de Salud, Ginés González García, explicó (Clarín, 4/9) que “la Anmat sólo exige estos sofisticados estudios para casos puntuales, productos farmacéuticos de uso en psiquiatría, que conllevan un alto riesgo sanitario”… dejando por sentado que no existe ningún tipo de control y que precisamente los productos de marca u originales que se venden en el país tienen la autorización de comercialización a partir de su aprobación en el país de desarrollo (EE.UU., Japón, Alemania) por el organismo fiscalizador correspondiente (FDA), y la Anmat se limita sólo a ratificar esa autorización; es decir, si aplicamos lo que reclaman los pulpos farmacéuticos, ninguno de sus productos debería comercializarse en el país.

El motivo de la discordia no es el derecho de propiedad capitalista; de hecho los genéricos fueron concebidos en los países imperialistas como una estrategia de mercado y no como un freno a la especulación de los precios. López Bernabó, presidente de Cilfa, lo expresó claramente: “en la Argentina no hay genéricos, el mercado es de productos de marca” (Clarín 4/9).

El paciente opta por adquirir, de una lista de marcas – con la droga o principio activo recetado – la de menor precio; sólo se le asegura una especialidad medicinal posiblemente mas “barata”, pero en cuanto a la calidad y efectividad de lo que adquirió no hay garantías…

El objetivo del gobierno es que se comercialicen remedios de segunda para los pobres e indigentes y fármacos de primera para los que los puedan pagar.

Los laboratorios en cambio reclaman mantener sus altísimas tasas de beneficio con un aumento promedio del 200% desde 1996 a 2001 y del 30% al 70% en lo que va del 2002.

El gobierno ha fracasado en toda la línea…

Ha sido incapaz de establecer una política de control de precios, retrotrayendo el valor de los productos farmacéuticos al precio de diciembre pasado, y de investigar las ganancias acumuladas por los pulpos farmacéuticos en el último lustro.

La denominada “canasta” de medicamentos elaborada conjuntamente con los laboratorios, demostró ser sólo una iniciativa publicitaria distraccionista…

La prescripción de medicamentos por su denominación genérica, en el actual contexto, es otra pantalla de humo. Son remedios de segunda para los pobres, en lugar de garantizar medicamentos genuinos, de calidad y eficacia comprobada, a los trabajadores y los sectores más postergados de la población.

Por lo tanto, hay que ir a fondo; esto implica la apertura de los libros contables de las empresas farmacéuticas y el control obrero.

Establecer el desconocimiento de la ley de patentes medicinales, es decir de la expropiación capitalista del conocimiento científico, orientado a satisfacer las necesidades sanitarias del pueblo.

Impulsar la producción estatal de medicamentos y avanzar en la estatización (sin pago de indemnización) de la gran industria farmacéutica.