Con el método de la organización colectiva independiente y en una fuerte lucha para defender las fuentes de trabajo y de sustento de familiar, se logró la aprobación de una sentencia judicial favorable al colectivo de psicopedagogas. Allí se dictamina que se aceptará la inscripción en el registro nacional de prestadores (RNP) para los profesionales de psicopedagogía, aunque el mismo estará condicionado a la aprobación de la licenciatura, para lo cual se otorga un plazo de cuatro años.

El conflicto comenzó en 2018, cuando una disposición gubernamental de carácter nacional trabó los tratamientos de psicopedagogía erogados a las obras sociales (mayormente referidos al ámbito de discapacidad) al establecer un requisito arbitrario que dejaba afuera al grueso de los trabajadores psicopedagogos: el pedido de que se inscribieran en el registro de prestadores.

Este impedimento, presentado por el macrismo como un simple trámite, comportaba una expulsión laboral, porque el registro únicamente admite profesionales con titulación de licenciatura, mientras que la inmensa mayoría de las psicopedagogas cursaron sus estudios en institutos terciarios. Este hecho, no obstante, no se asocia a un tema vocacional o de preferencias en los estudios, sino a la realidad de una carrera profesional que se dicta en muy pocas universidades nacionales públicas (aunque sí se encuentra en la mayoría de las privadas). Se trata de un hecho sin antecedentes en 30 años de ejercicio de la profesión en Argentina.

La cuestión de la titulación sigue en el centro del debate. En la Ciudad de Buenos Aires, la UBA no dicta la carrera. Por lo tanto, la única manera de cursar psicopedagogía de manera pública y gratuita sigue siendo el IES N° 1, “Alicia Moreau de Justo”. Pero, a pesar de que las incumbencias profesionales de los graduados del Alicia son exactamente las mismas que las de los de carreras de grado licenciaturas en universidades nacionales, el registro de prestadores no acepta su inscripción.

El objetivo de fondo del macrismo era efectuar un recorte -por vía indirecta- en las prestaciones de discapacidad, que son cubiertas con fondos del estado. El ajuste fue en paralelo a las pretensiones de disolver los terciarios de CABA con argumentos mercantilistas, a la vez que se trataba de un negocio apetecible para las gestiones de universidades privadas.

Los diferentes gobiernos provinciales sostuvieron este esquema. Producto de una lucha, se logró que se acepten las matriculaciones en el registro provincial (RUP) de graduados de institutos terciarios.

Ante esto, un colectivo de psicopedagogas presentó un amparo que permitía, en casos individuales y parcialmente, aceptar tratamientos. Esto fue defendido con movilizaciones y sendas actividades de difusión, sorteando una primera cautelar negativa y luego, conquistando dos favorables. El reclamo encontró eco en espacios como el de Prestadores Precarizados SyE, Afapprei, la comunidad del IES y los abogados de la causa, como el Dr. Mariano Yañez.

Después de dos años de esfuerzo y conciencia colectiva, sin bajar los brazos y defendiendo los derechos de los y las trabajadores, se llegó a la instancia de la sentencia y con ella, la posibilidad de conservar las fuentes de trabajo.

Para adelante, queda continuar esta pelea por el reconocimiento de todos los títulos, por que el estado se haga cargo de la formación que exige, la defensa de las fuentes de trabajo y del ámbito de la educación especial y un plan nacional que, máxime en el contexto de pandemia, ponga en pie nuevos dispositivos de intervención para psicopedagogía en salud y educación.