Luego de meses en que el servicio esencial de transporte público de pasajeros no se brindó por responsabilidad de empresarios y gobiernos, los interurbanos volverían a circular a partir del próximo 15 de diciembre. Sin embargo, desde el sector empresarial se ha hecho saber que “es imposible ponerse en marcha” y piden más subsidios estatales.

Pero el pedido empresarial choca con la necesidad del gobierno de cumplir con el pago de la deuda. En esa línea quienes gobiernan vienen ajustando salarios y jubilaciones. Además, a nivel nacional se han recortado asistencias como el IFE y ATP, nos obstante los empresarios quieren seguir siendo beneficiados con la plata de los contribuyentes. El parasitismo de empresarios queda al desnudo.

En todo este año los empresarios del transporte recibieron $1.818,4 millones de subsidios que manejaron de manera discrecional, al punto de retener esos fondos públicos. En lugar de destinarlos al pago de sus trabajadores, fueron retrasando los pagos. A la fecha los empresarios adeudan un 25% de septiembre, un idéntico porcentaje del mes de octubre y los salarios de noviembre. A lo largo de estos 9 meses siempre fueron retrasando el pago, incluso cuando contaron con recaudación y la totalidad de los fondos de los boletos sociales.

Días atrás el gobierno definió que la plata de los subsidios sea destinada al pago de los salarios. Si la plata no se destinaba al pago de haberes en primer lugar, ¿en qué se invertía? Es claro que se impone la apertura de los libros de las empresas para que el pueblo sepa que se hizo con la plata de los contribuyentes como parte de un planteo de estatización del servicio bajo control de trabajadores. Eliminando el costo empresarial es factible garantizar el convenio colectivo de trabajo y el derecho al transporte del pueblo trabajador.

Un diagrama de emergencia precario

La vuelta del transporte público de pasajeros quedaría habilitada a partir de la resolución N°175 de la Secretaría de Transporte. La medida informa que las empresas prestatarias del servicio deberán restaurar sus actividades conforme al diagrama de horarios y recorridos que se establezcan a nivel provincial dentro de 8 días.

Cabe señalar que de acuerdo a la disposición mencionada el sistema reiniciará con diseño “experimental” en el que las empresas podrán moverse de acuerdo a la demanda, pero el 1 de enero es la fecha para la normal prestación de la totalidad de las frecuencias instituidas. Además, las empresas que no cumplan con lo establecido podrán ser sancionadas con “quita de subsidios y por incumplimiento de la Ley de Explotación del servicio público del transporte”.

La resolución también establece que las empresas tienen que garantizar todas las medidas de bioseguridad que correspondan para evitar la propagación de Covid-19. En ese sentido, se propone dejar de pagar pasajes con dinero en efectivo para evitar la manipulación del papel; en reemplazo, se podría abonar con tarjetas o billeteras electrónicas. Esto ha sido un disparador para que los empresarios pidan subsidios, porque según ellos necesitarían hacer una inversión. Otra vez queda expuesto su parasitismo, puesto que no realizan una inversión con fondos propios sino estatales.

Bioseguridad y condiciones de trabajo

Es necesario recordar que cuando se habilitó el transporte urbano de pasajeros en la capital, se mencionó un protocolo que en los hechos no se cumplió. Las empresas no invirtieron en bioseguridad. Consultados por Prensa Obrera, trabajadores de diferentes empresas del transporte señalaron que todo sigue como si nada. Lo que sí hicieron fue reducir frecuencias y pedir por más subsidios. Sin dudas un antecedente a tener en cuenta sobre la modalidad de la vuelta del transporte en la provincia.

En ese sentido, hay empresas en donde ya se han registrado despidos inducidos mediante “retiros voluntarios”. El ataque al salario y jubilaciones en el camino de una reforma laboral está en la hoja de ruta de las empresas. Esto se complementa con una reducción de frecuencias y pedido de más subsidios. Para las patronales, lo señalado es un aspecto de la salida para lo que ellas mismas a través de sus voceros denominaron como “una crisis terminal”.

Estatización bajo control de trabajadores y usuarios

En este marco, el gobierno mediante la resolución estableció que aquellas empresas que no cumplan con lo resuelto podrán ser sancionadas con quita de subsidios y por incumplimiento de la Ley de Explotación del servicio público del transporte. Una declaración de ocasión puesto que los capitalistas llevan meses por fuera de toda normativa, esto sin dejar de mencionar que el propio gobierno también emitió disposiciones cancelando la posibilidad de que se cumpla con un servicio esencial.

Además, quienes gobiernan tampoco hicieron cumplir con la normativa de licitación. En la Legislatura, iniciativas presentadas por la legisladora Soledad Díaz del FIT en defensa de usuarios y trabajadores fueron bloqueadas por el oficialismo y la oposición patronal.

A la luz de los hechos es claro que el gobierno actúa ahora con la temporada turística a la vista e improvisó esta salida precaria. La defensa por el derecho al transporte y por el convenio colectivo de trabajo tendrá próximos capítulos.

La conducción de Aoita tiene una responsabilidad de primer orden: debe romper con toda dependencia tanto del gobierno como de las empresas. A los derechos de las y los trabajadores se defienden con la unidad de las bases, siguiendo un camino independiente. En ese sentido, el planteo de construir un paro nacional está a la orden del día, porque es claro que la defensa de los reclamos del pueblo trabajador se consiguen y defienden en la calle.