El conflicto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tomó alcance nacional con los destrozos que sufrió el edificio gremial y con el paro que alcanzó a 60 líneas y se extendió este lunes y martes.

Detrás de esto se encuentran varios factores que hay que tener en cuenta, como es la guerra mafiosa entre dos sectores de la burocracia, la disputa entre grupos empresarios poderosos vinculados a bloques políticos patronales, y de fondo, por supuesto, los reclamos salariales y de condiciones de trabajo que se extienden ampliamente en la base del gremio.

Como un aspecto fundamental, es preciso señalar que se cuela en esta crisis la pretensión de Hugo Moyano -al que está vinculado el burócrata opositor de UTA, Miguel Bustinduy- por incidir en la cartera de transporte, en momentos en que el gobierno de Alberto Fernández lleva adelante el loteo de ministerios, secretarías y otros cargos.

Una burocracia descompuesta y pro-patronal

Las dos fracciones mayoritarias que operan en la UTA, una encabezada por Roberto Fernández y otra por Bustinduy, no solo defienden a punta de pistola y con métodos patoteriles sus intereses, sino que estos no coinciden con los de los trabajadores colectiveros sino con los dos grupos empresariales más importantes del país: Mercedez Benz y Dota, respectivamente. 

El grupo Dota creció fuertemente durante el kirchnerismo, aunque nunca frenó su desarrollo durante el macrismo, llegando a operar el 67% de las líneas en la zona metropolitana. Recientemente adquirió las líneas de la ex Expreso Lomas, luego de 10 meses de paro por parte de los trabajadores. El vínculo entre Bustinduy y Dota se expresa en la regimentación de las elecciones de delegados en cada línea de la empresa; al tiempo que los personeros de Bustinduy funcionan como fuerza de choque patronal contra acciones gremiales legítimas, como ocurrió hace unos meses en las líneas 542 y 551, donde intentaron evitar un paro a los tiros.

Por su parte, para Roberto Fernández la democracia sindical no tiene lugar en la UTA, manteniendo un estatuto completamente proscriptivo que le permitió renovar su mandato por cuatro años más, sumando así dieciséis consecutivos. Fue en la última elección del 2018 donde el oficialismo proscribió incluso la lista de Bustinduy, su ex aliado, siendo la suya lista única. 

Este año, Fernández con patota y ayuda policial atacó a un grupo de colectiveros despedidos en 2017 y que ocupaban la sede cordobesa. El prontuario los une; lo que los divide son los intereses patronales.

Moyano, por un lote en Transporte

Las declaraciones de Hugo Moyano para desligarse de la decisión de Bustinduy de destrozar y ocupar la UTA, no ocultan su descontento con la designación de Mario Meoni a cargo del Ministerio de Transporte, y en particular de Walter Saieg en la Secretaría de Transporte, ya que para Moyano es en la secretaría donde se maneja todo. La disputa por un lugar allí está vinculada a los jugosos subsidios que manejan.

Recuperar la UTA para los trabajadores

Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad por parte de los trabajadores de poner en pie un reagrupamiento independiente de ambas facciones de la burocracia, que organice cuerpos de delegados sobre la base de la democracia sindical y la asamblea para defender salarios y condiciones de trabajo. 

Los despidos antisindicales, como los ocurridos recientemente -como denuncia la fracción opositora- en las líneas 257 de Quilmes y 500 de Merlo, suelen contar con la complicidad de algunas de las facciones burocráticas y de las patronales, como forma de atacar al activismo. 

Hay que llevar estas conclusiones al conjunto de los chóferes para abrir un rumbo independiente y antiburocrático, recuperar cuerpos de delegados y luchar por todas las reivindicaciones.