En nuestra declaración de principios, denunciamos en el artículo 5º (ver PO nº 492) “los llamados ´programas de empleo´ (para desempleados) en trabajos de obra pública, de tres meses hasta dos años, a cambio de salarios que llegan como máximo a 200 pesos, al servicio de empresas que reciben subsidios de los Tesoros nacionales o provinciales”.

A fines del ´94 se terminó de plasmar uno de los capítulos más negros de la ‘democracia’: un alto índice de desempleo, generado por los gobiernos de turno, provocó una recesión económica de fuerte impacto en nuestra sociedad. A la masa de desempleados provocada por despidos, retiros obligatorios u otras artimañas patronales, se sumaron los de los independientes, que tuvieron que cerrar su fuente de trabajo; nos referimos a los comerciantes, en especial trabajadores-talleristas, etc., aquellos que viven de su oficio por cuenta propia. Miles de trabajadores perdieron su poder adquisitivo, profundizando la recesión económica.

Ahora, con el convenio Fiat-Smata se quiere provocar una nueva caída del salario y que, como en el caso de los “programas de empleo”, se impongan salarios “máximos” de 200 pesos. Quiere decir que existirían asalariados por menos aún —100 pesos, 120, 150—, denigrante ingreso para un obrero que suda la gota gorda en beneficio del patrón.