25/11/1999 | 649

¿Quién quiere la modificación del Estatuto?

1- El proyecto de Ley de Empleo Público presentado por el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es de ninguna forma un hecho aislado, ya que se encuentra enmarcado dentro de la Ley de Empleo Público de Menem aprobada por los legisladores de la Nación.


En primer lugar, se inscribe en las políticas tendientes a flexibilizar el mercado laboral y recortar el gasto público, como forma de favorecer las inversiones externas y el acceso a créditos que permitan el pago de la deuda externa.


Específicamente, busca implementar al ajuste en la Capital Federal de la misma forma en que se ha hecho en algunas provincias, lo que ha generado conflictos en Neuquén, Jujuy, Río Negro, Corrientes, etcétera.


La reforma de la educación (Ley Federal de Educación) y la necesidad de achicar los gastos en el sector educativo son el marco en el que se inscribe el intento de derogación de los Estatutos en la Capital Federal.


2- El gobierno, presionado por el Banco Mundial, impulsa la negociación transformándola en una trampa.


Los intentos de derogar nuestros derechos no son nuevos. Ya tuvimos el ejemplo de los Decretos 1990 y 747, que quedaron en suspenso por el accionar de los docentes. Si no fueron anulados por completo se debió a la actitud cómplice de la dirección sindical que frenó la lucha.


Cuando apareció el Proyecto de Ley de Empleo Público, los docentes estuvieron dispuestos a defender sus conquistas con un importante paro y movilización. En ningún momento plantearon la necesidad de alguna negociación.


Los docentes no consideran que su estatuto está caduco y requiere ser modificado.


Sólo el gobierno lo dice, porque el Estatuto interfiere en sus propósitos flexibilizadores. Por su lado, el Banco Mundial necesita la garantía legal para evitar los reclamos.


Para esto el Gobierno necesita la complicidad de las direcciones sindicales.


Si los docentes lo vemos, las direcciones no pueden mirar para otro lado.


¡Basta de mentiras!


3- La dirección de UTE levantó el paro del 28 de octubre con el argumento de que la modificación de los artículos 2 y 60 del Proyecto de Ley de Empleo Público excluye a los docentes de la aplicación de la ley, hasta que el Estatuto sea modificado en negociaciones colectivas, y festejan como un logro el compromiso del gobierno de llamar a Paritarias. Con respecto a este argumento, se pueden decir al menos dos cosas:


a. En estas condiciones, el llamado a negociación colectiva puede significar únicamente la derogación del Estatuto o su reforma con graves pérdidas de derechos para los docentes. No hay intención por parte del Gobierno de la Ciudad, en el marco de la actual política económica, de otorgar aumentos de salarios. El aumento salarial hay que arrancarlo con la organización para la lucha.


b. La Ley de Empleo Público entraría en vigencia para los artículos no reglamentados del Estatuto del Docente. Por ejemplo:


Art. 8 – Planta funcional


Art. 21 – Estabilidad del personal docente titular


Art. 34 – Jubilaciones del personal docente


Art. 36 – Sanciones


Art. 65 – Interinatos y suplencias


Art. 77 – Perfeccionamiento y capacitación docente


Al no estar reglamentados, dejan las manos libres al gobierno para introducir las cláusulas fundamentales de dicha Ley de Empleo.


 


¿Quiénes somos los autoconvocados?


Somos docentes de diversas extracciones y distintas áreas y niveles, afiliados y no afiliados, que nos organizamos para defender los derechos adquiridos en largas luchas.


Compañeras/compañeros:


Los convocamos a organizarnos y luchar juntos.


  • Por el retiro inmediato del Proyecto de Ley de Empleo Público
  • Por la derogación de la Ley Federal de Educación
  • Por la defensa incondicional de nuestro estatuto
  • Por el rechazo a cualquier intento de negociación
  • Por la exigencia a las direcciones sindicales para que respondan a los reclamos de las bases docentes.
  • Solidaridad con los autoconvocados de Corrientes y los docentes de Neuquén, Río Negro y Jujuy.

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