El 29 de septiembre una médica del Hospital Mercante (J.C. Paz) fue maniatada y agredida brutalmente por dos jóvenes que exigían psicofármacos. 

 

No fue un hecho aislado. 

Todo lo que el gobierno de la provincia intentó hasta ahora fracasó: efectivos de seguridad privada, cámaras de seguridad, “cuidadores hospitalarios”, “Protocolo de Violencia” y “Mesa de violencia”, tratamiento de los problemas de “violencia institucional” en el ámbito de la Comisapep (organismo centralizador de los Comités mixtos de seguridad e higiene en el trabajo, creados por la Ley 14.226 en 2010), botones contra el pánico.

 

Los comités mixtos de los hospitales deberían tomar el tema de la violencia institucional, pero las burocracias sindicales nunca los solicitan y las conducciones combativas nunca son convocadas. Los anuncios de militarización, las cámaras y los botones anti pánico son una cortina de humo para disimular la inacción. 

 

La cuestión edilicia no es menor. El diseño de los hospitales facilita la exposición permanente de los trabajadores ante la vista del público en general, con el propósito de aumentar los ritmos de trabajo. Lo único que separa a los trabajadores de los agresores es un vidrio. Las restricciones a la circulación en áreas cerradas literalmente no existen. 

 

La respuesta de los trabajadores del Mercante es instructiva para el conjunto de los hospitales: pararon por cinco días (hasta la fecha), realizaron asambleas generales, eligieron representantes para el comité mixto y elaboraron un pliego de reclamos e iniciativas por reformas edilicias que protejan al trabajador y mejoren la circulación interna. En asamblea responsabilizaron al Estado de lo sucedido y rechazaron la guardia de infantería, puesta para regimentar a los trabajadores y no para protegerlos. 

 

Para ponerle freno a la violencia en los hospitales, necesitamos crear comisiones de seguridad, integradas exclusivamente por trabajadores, electos en asamblea con mandatos revocables, que resuelvan las medidas de reformas edilicias y de la circulación de las personas sin injerencia alguna del Estado. La incorporación de trabajadores en la planta permanente que cuiden los ingresos en función de protocolos elaborados por los propios trabajadores. Reclamamos justicia e investigación de todos los hechos de violencia, particularmente los del Hospital Mercante. En sintonía, desarrollar un plan de lucha para acabar con el ajuste, por aumento salarial y una partida presupuestaria de emergencia a fin de garantizar la atención de la salud a la población.