Rubén Dunda es el titular de la Secretaría de Trabajo del gobierno de Santa Fe. Con la venia de Reutemann le ha puesto la firma a un proyecto de “conciliación obligatoria”que coloca en manos de las patronales la resolución de los conflictos colectivos.

El corazón del proyecto es que una vez dictada la “conciliación obligatoria”(que, como se sabe, es un instrumento de las patronales para congelar las luchas obreras) se debe pasar a una “mediación”igualmente obligatoria. Para esto habilita a las “consultorías”o “estudios de abogados”, los cuales están, en un 99%, vinculados estrechamente a las empresas, cuando no han sido instalados por ellas mismas. El proyecto propone que los costos de tal “mediación”sean solventados por la patronal en conflicto, lo cual convierte al “mediador”en su rehén económico.

Los mediadores deben expedir un dictamen que será tomado como argumento determinante por la Secretaría de Trabajo. El proyecto de reforma laboral que se encuentra en el Senado también plantea el arbitraje obligatorio y prevé que si no hay árbitro designado en común por las partes, su tarea “será asumida por la autoridad de aplicación”y el Ministerio de Trabajo elegirá al encargado de redactar el convenio, según “se establezca en la reglamentación”(proyecto, artículo 28). Por lo tanto, la posibilidad de que las “consultoras”privadas se hagan cargo del “arbitraje”está abierta en la propia reforma laboral de la Alianza. El gobierno “peronista”de Santa Fe no ha hecho otra cosa que avanzar en un terreno sembrado.

La regional Rosario de la CGT, recientemente constituida como parte de la CGT Moyano, ha llamado a una campaña por la derogación del proyecto privatista.