La inquietud reinante en la docencia que aporta a las cajas jubilatorias provinciales tiene enorme fundamento. La “armonización” con la Anses  planteada en la ley de “Reparación Histórica para Jubilados” establece que el Poder Ejecutivo, en un plazo de 120 días, debe llegar “a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a Nación, a fin de compensar las eventuales asimetrías”.

El pasaje de las cajas a la Anses, implica un aumento de la edad jubilatoria, una mayor cantidad de años de aportes, pérdida de la movilidad en relación con los activos y un porcentaje menor del haber jubilatorio respecto del salario. Esto ya pasó  en las once  provincias traspasadas hasta el 2015. Los docentes perdieron el 82% móvil ya que los haberes se ajustan dos veces por año en base al índice establecido  por el gobierno, se fijaron  en 30 años los  aportes mínimos necesarios para jubilarse, cuando las leyes provinciales plantean 25 y se aumentó la edad jubilatoria llevándola a los 57 años, cuando antes era a los 50 o, directamente, no había límite mínimo.

La ley de “Reparación” no dice nada de los aportes extraordinarios que los docentes efectúan para acceder a estos regímenes especiales. En Buenos Aires, por ejemplo, son del 16 por ciento. Tampoco se investiga adonde fueron a parar los fondos faltantes en la Anses y en los regímenes provinciales, que siguen siendo saqueados. Y no se establece que los fondos jubilatorios deben ser destinados a garantizar el 82% móvil a todos los jubilados.

La “nacionalización“ del sistema jubilatorio tiene un objetivo –como antes lo fue para los K- que es  utilizar los fondos para pagar deuda interna y externa, subsidios a las privatizadas y el Fútbol para Todos, entre otros conceptos, que no tienen por qué cubrirse con fondos de los jubilados.

Además, tanto el gobierno de los K como el actual se han planteado  transformar a las jubilaciones en  una prestación   ”asistencial universal mínima para todos”, aboliendo la conquista obrera de  la jubilación como salario diferido, equiparado al valor del sueldo en actividad.

Antecedentes provinciales

En el camino del “pase” al Anses, varios gobiernos provinciales han dado pasos para liquidar conquistas jubilatorias históricas de los docentes, mientras otros ya firmaron acuerdos de auditorías con Nación para implementar la “armonización”.

En Córdoba, las luchas están en desarrollo desde fines del 2015 cuando el gobernador Juan Schiaretti rebajó del  82 a 71 por ciento el haber jubilatorio. En la Formosa de Gildo Insfrán (FpV) se impusieron varias modificaciones en julio pasado que bajan la base de cálculo y consolidan un haber equivalente al 40% del salario en actividad.

En Tierra del Fuego, la gobernadora Rosana Bertone (FpV) avasalló los ¡25 inviernos! de servicio necesarios para jubilarse, sin límite de edad e impuso una mínima de 50 años y el haber se calcula sobre el salario promedio de los 10 últimos años cuando antes era de los últimos dos.

La Ctera y los sindicatos provinciales dejan hacer

Ctera ha dejado  criminalmente en soledad a las luchas fueguina, santacruceña, santafesina y cordobesa,  que toman el problema jubilatorio. Abandonó todo reclamo en Formosa, al igual que hizo su sindicato provincial. En Buenos Aires, los Suteba Multicolores conmocionan y arrastran a la lucha a la provincia, mientras el Suteba central mantiene su tregua con el gobierno de Vidal. En Neuquén, la oposición combativa impone el proceso de lucha contra el  freno de la Celeste, al igual que en Córdoba donde, con una demora de meses, la dirección docente provincial (UEPC) planteó el rechazo a la armonización.

Recién en la convocatoria  al paro del 27 de septiembre, a varios meses de vigencia de la ley antijubilatoria, Ctera planteó su oposición a la armonización. Lo hizo por las grandes presiones de las lucha provinciales, para reubicarse ante la inminencia de las elecciones sindicales y políticas del 2017, pero sólo con paros aislados y sin continuidad. Para salvar las papas.

Los primeros triunfos

Los intentos de modificación en Santa Cruz (FpV) y Santa Fe (PS) fracasaron por las enormes luchas de la docencia.

En el 2009, cuando Scioli presentó en la Legislatura bonaerense  el proyecto de traspaso, 20  mil docentes movilizados  de un día para el otro lo hicieron retroceder.

El alto acatamiento al paro del 27, aún con el recelo que despierta  un paro aislado y la dirección entreguista de Ctera, muestra la voluntad de lucha de la docencia.

Está planteado un plan de lucha nacional contra el traspaso de las cajas.

Por el 82% móvil, con 25 años de servicio y sin límite de edad, calculado sobre los mejores años.

Por el uso de los fondos jubilatorios para el pago de las jubilaciones.

Por el control por parte de jubilados y trabajadores de las cajas jubilatorias

No a la “armonización”. No al traspaso de las cajas provinciales.