Consultado por el reciente fallo del juez Gallardo sobre las apps de reparto, Horacio Rodríguez Larreta insistió hoy en su defensa a ultranza de estas plataformas ultraprecarizadoras, al calificarlas como “empresas legales que dan mucho trabajo”. 

Hablar en estos términos, luego del difundido caso del repartidor accidentado al que Glovo le reclamó por el estado de la comida mientras sangraba en el suelo, da muestras del cinismo sin límites del partido de gobierno. Y confirma que quienes reclaman una “reforma laboral del siglo XXI” toman como modelo la flexibilización extrema en las apps, donde se impone una superexplotación que amenaza hasta la integridad física y el desconocimiento de la relación de dependencia.

La resolución de Gallardo, dictada el viernes 2, disponía la inmediata suspensión y bloqueo de las apps que no hayan cumplido con lo establecido en el fallo de abril de este año (que intimaba a las plataformas a regularizar a sus repartidores en cuanto a elementos de seguridad vial), que las empresas de tarjetas de crédito bloqueen las operaciones que vengan desde las apps, y que las patronales de las plataformas presenten en el plazo de dos días “la nómina del personal afectado (…) acreditando, en todos los casos, su correcta registración en cumplimiento de las normas laborales y previsionales vigentes”, así como la dotación de los elementos de seguridad, debiendo pagar una multa de 10 mil pesos por cada irregularidad verificada.

Como en los anteriores fallos, las empresas se desentendieron de las exigencias y continuaron su actividad, tranquilas con el respaldo del gobierno porteño, que al igual que las patronales anunció que (nuevamente) apelará. 

Lo que sí se ha cumplido son los operativos de seguridad dispuestos por el juez Gallardo en esquinas de la ciudad, donde la Policía de la Ciudad para a los repartidores para exigir lo establecido en el fallo (libreta sanitaria, curso de manipulación de alimentos, casco, VTV, chaleco refractario, que la mochila esté sujeta a la moto o bicicleta…) y, de no cumplirse, decomisa las cajas de reparto. Como el fallo, a su turno, no garantiza que los repartidores sigan teniendo un ingreso durante el tiempo que no pueden trabajar (y por tanto no cobra, ya que la labor es a destajo), en estas circunstancias los trabajadores se han visto perjudicados por incumplimientos del que son responsables las empresas. Sobre estas deben recaer exclusivamente las medidas punitorias.

Denunciamos que la patronal, con la colaboración del gobierno y los medios oficialistas, quiere valerse de estos hechos para continuar una línea extorsiva y de desconocimiento de las obligaciones laborales. Y para intentar montar una ilusoria comunidad de intereses entre patrones y empleados.

La creciente cantidad de accidentes de repartidores que recoge el fallo en sus fundamentos (al menos 16 en febrero, 13 en marzo, 20 en abril, 40 en mayo, 26 en junio y otros 26 en julio) muestra la necesidad de medidas urgentes contra una flexibilización que pone en riesgo la vida de los repartidores. Las empresas deben ser obligadas a ponerlos inmediatamente en blanco y a garantizar todas las condiciones de seguridad e higiene en la actividad, al aumento del pago por entrega y al cobro de un salario básico independiente del mismo. Estas y otras medidas contempla el proyecto presentado por la diputada nacional Romina Del Plá en el Congreso, como disposiciones de transición hacia un régimen laboral que beneficie integralmente a los trabajadores.

Los episodios de estos días muestran que estos reclamos solo serán satisfechos como resultado de la organización de los trabajadores de las apps, de forma independiente de las patronales y de los gobiernos. Es necesario organizarse en asambleas que discutan un plan de lucha para defender las condiciones de trabajo de los trabajadores de reparto.