Sindicales

17/5/2001|706

Rebelión de luz y fuerza en córdoba

El anuncio de que saldrían a la venta los pliegos para la privatización de Epec provocó la rebelión de los trabajadores de Luz y Fuerza.


El gobierno respondió con una brutal represión contra los trabajadores de la dependencia de Villa Revol, que habían cortado la calle de acceso para bajar a la asamblea general. La represión encendió aún más los ánimos y la asamblea votó el paro general para el día siguiente y el trabajo a reglamento a partir del viernes.


Pero el trabajo a reglamento se convirtió, de hecho, en un paro con asambleas. El gobierno respondió con la detención de ¡219 trabajadores! Dependencias enteras fueron a parar a la cárcel. Espontáneamente, activistas y trabajadores se fueron autoconvocando frente a la dependencia policial donde estaban los detenidos, hasta que todos ellos fueron liberados por la noche.


Privatizador, coimero…y a la deriva


Las imágenes que recorrieron el país mostraron la impotencia de un gobierno desesperado por imponer una privatización trucha. Surgió de una ley jurídicamente nula, pues fue votada gracias a la coima pagada a un senador del Frepaso (Bodega). De la Sota, conciente de esto, ha pedido el enjuiciamiento del juez que entiende en la causa. Una investigación judicial dejaría pegadas en la corruptela a las principales cabezas del gobierno, sobre todo a Presas, presidente del Senado y vicegobernador de hecho.


La privatización de Epec, sin embargo, se encuentra en la cuerda floja. El gobierno pretende entregar la empresa por 35 años a cambio del pago anticipado del canon, unos 500 millones de dólares; pero como el crédito internacional está bloqueado para la Argentina, esa expectativa es ilusoria. De la Sota, para su desgracia, necesita desesperadamente el dinero para cubrir vencimientos inmediatos de la deuda provincial, que se ha venido incrementando a un ritmo extraordinario.


Abajo la privatización


A pesar de que De la Sota “asegura” que no habrá despidos ni pérdida de conquistas, la privatización implica que 1.000 trabajadores abandonen Epec. La ley autoriza a despedir, aunque con una indemnización mayor, lo que abre el camino al relevo del personal, las tercerizaciones y la liquidación de hecho del convenio.


El trabajo a convenio propuesto por la directiva de Luz y Fuerza es inconsecuente, no plantea una lucha definitiva. La situación exige definir la huelga hasta quebrar la privatización, ocupar las plantas e impulsar un paro provincial (hasta ahora dos centrales sindicales *CTA y CGT Moyanista* sólo han hecho declaraciones de apoyo a los trabajadores; la central oficialista no ha abierto la boca).


Pero la privatización, además del ataque a los trabajadores de Epec, significa el aumento de tarifas, el corte de servicios a barriadas enteras donde imperan la desocupación y los salarios miserables. Es por esto que se necesita un inmediato plenario de delegados y activistas de todos los gremios, de los desocupados y de los barrios, para marchar a una lucha de conjunto.