En la madrugada del jueves 10, el trabajador Valentín Verón, de la Línea 60, fue salvajemente atacado por cuatro delincuentes mientras realizaba su recorrido. Nuevamente, un trabajador del transporte sufre la mutilación de sus dedos, ante la desinteresada mirada del municipio y la empresa Monsa.

Frente a este nuevo hecho de inseguridad, los trabajadores se lanzaron masivamente al paro, recibiendo el apoyo de trabajadores de otras líneas (291, 276, 720, 176) y desatando acciones de solidaridad en diversos puntos de la Capital Federal.

En una enorme movilización, trescientos choferes y mecánicos sitiaron el centro de la ciudad de Belén de Escobar, rodearon con decenas de colectivos la Municipalidad y exigieron soluciones concretas al Concejo Deliberante y al intendente Guzmán. Luego de una tensa espera sin ser atendidos, irrumpieron en la municipalidad y tomaron durante dos horas el edificio.

Los trabajadores del transporte le aguaron la asunción a los nuevos concejales, quienes fueron interpelados por cientos de trabajadores. No fue lo que se dice ‘un buen comienzo’. Mientras una delegación logró ser recibida por las autoridades, una asamblea que funcionó donde sesiona el Concejo votó realizar piquetes en los puntos de acceso al distrito.

La ciudad estuvo virtualmente bajo control de los trabajadores frente a la inerte mirada de la gendarmería, que nada podía hacer. Los estudiantes de la Fuba del CBC Escobar y el Suteba local participamos activamente de los piquetes, recibiendo el agradecimiento de los choferes.

El caso de Verón pone al descubierto, una vez más, no sólo la incapacidad del Estado para brindar protección a los trabajadores, sino también la complicidad que éste mantiene con el delito organizado al garantizar zonas liberadas y el libre accionar de los delincuentes que actúan bajo su órbita.

Los delegados de la empresa Monsa denuncian este hecho como un mensaje mafioso, en respuesta al reclamo que vienen llevando adelante por el pase a convenio colectivo de todos los trabajadores, en especial en la Línea 720, y para terminar con el trabajo en negro que los pulpos del transporte pactan con el gobierno y la burocracia de la UTA. Esta presunción indica una conciencia obrera sobre la conexión entre el delito y el poder político y patronal.

Para terminar con la inseguridad es necesario, en primer lugar, acabar con las mafias policiales y sus lazos con los gobiernos municipales. Las cúpulas policiales y judiciales deben ser destituidas por sus múltiples y comprobados lazos con el delito organizado.

Como ocurre en el Subte, frente a hechos de inseguridad laboral, la burocracia de Fernández y compañía le ha soltado la mano a los trabajadores del transporte.

Como venimos denunciando hasta el momento, hacemos responsable al gobierno y a los intendentes de la seguridad ciudadana. Planteamos:

• Fuera la mafia de la Policía Bonaerense, por el control popular de las fuerzas de seguridad con elección de delegados entre vecinos y trabajadores. Aperturas de los libros y partes diarios de la las comisarías.

• Ningún trabajador en negro: pase a convenio colectivo de todos los trabajadores del transporte.

• Implementación de cajas de aislamiento para preservar la seguridad de todos los choferes. Nacionalización de toda empresa que se niegue a implementar las medidas de seguridad laboral.