La hoja de ruta trazada por el kirchnerismo en beneficio de Telefónica y Telecom enviando al Congreso la ley Argentina Digital ha impactado de lleno en el gremio de televisión.

No es para menos, la participación de las telefónicas en el mercado audiovisual pone en jaque la continuidad laboral de treinta mil trabajadores que en forma directa o indirecta trabajan en Cablevisión, Supercanal, Telecentro y centenares de cooperativas en el interior del país.

El gobierno justifica esta concesión al capital financiero internacional con el planteo de “favorecer a la competencia”. Un razonamiento similar había utilizado Roberto Dromi en los '90 permitiendo el desguace de Entel y la entrega de la soberanía comunicacional a los pulpos europeos en nombre de la “justicia social en las telecomunicaciones”.

Tras la presentación del proyecto de ley, se terminó de confirmar al detalle que el núcleo de la Ley de Medios apuntó desde sus orígenes a un nuevo reparto de los medios en favor de una mayor concentración de capitales, mientras se levantaban las banderas de la “pluralidad de voces” y “la democratización de la palabra”.

Este hecho ha desencadenado una crisis política en el propio kirchnerismo. La directiva del sindicato de televisión (SATTSAID), alineada con el FpV desde la primera hora, ha convocado a una movilización al Congreso Nacional para el 3 de diciembre, día que debe ser tratada y aprobada por el oficialismo en la cámara alta.

El objetivo del gremio es introducir algunas prevenciones “antimonopólicas”, que permitan realizar una convergencia entre las cableras y las telefónicas de forma gradual. O sea, autorizar por un plazo de entre cinco y diez años el ingreso de las cableras al negocio de la telefonía, para luego sí liberar a las telefónicas el servicio audiovisual. Un planteo que encuentra límites concretos por el propio peso financiero de las telefónicas, que tarde o temprano, pondrán las cosas en su lugar.

Este cuadro debe potenciar la intervención de los trabajadores. Las adecuaciones en torno de la ley de servicios audiovisuales ha permitido a las empresas, amparadas en un fallo de la Corte Suprema de Justicia bajo el paraguas de la sustentabilidad financiera, el despido arbitrario de decenas de compañeros en C5N, ESPN, TV fuego, DirecTV, America TV y otros. 

Debemos intervenir con un planteo de conjunto, convocando a un paro nacional en rechazo a la ley Argentina Digital y movilizándonos en defensa de todos los puestos de trabajo.