Según ha trascendido por diversos medios periodísticos, la “comisión de notables”, conformada por Alberto Fernández entre juristas kirchneristas y macristas, que evalúa la ampliación de la Corte Suprema, ha incorporado en su agenda la posibilidad de avanzar en un plan de reformas sobre el Ministerio Público de la Defensa. Estas incorporarían, entre otras cuestiones, la integración del servicio de Defensa Oficial con el Colegio Público de Abogados (La Nación 30/8).

Los trabajadores del Ministerio Público de la Defensa no solo debemos estar en pie de lucha contra el congelamiento salarial; porque la reforma judicial plantea traspasar a la Ciudad de Buenos Aires a todas las dependencias ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional; porque nos han quitado la feria de invierno mientras se estuvo teletrabajando o porque nos pagaron el aguinaldo en cuotas. Ahora también debemos estar alertas por lo que está discutiendo el oficialismo y la oposición patronal.

Los sistemas de defensa mixtos, vigentes en algunos países, incorporan a los estudios jurídicos a la asignación de causas judiciales que reciben los servicios estatales de defensa oficial. Así, los sistemas de justicia delegan alternativamente la intervención que por derecho goza un ciudadano tanto en un defensor oficial como en un abogado particular. Por esta vía, los grandes estudios jurídicos y ONG’s reciben grandes sumas estatales prebendarias que les permiten sostener un enorme andamiaje de abogados precarizados que incorporan a su labor cotidiana asistencias “pro-bono” (trabajo no remunerado).

Además, la entrega de la defensa, llevada adelante por un cuerpo de trabajadores y funcionarios especializados en la defensa oficial (defensa técnica) a manos de estudios jurídicos que en general no se encuentran especializados y atienden alternativamente casos de materia civil, penal o laboral, implica una merma en la calidad de la asistencia a la ciudadanía.

Mientras los trabajadores ministeriales perciben una remuneración que no está sujeta a la cantidad de causas que atienden, los estudios jurídicos trabajan a destajo, por cantidad. Por eso, si la defensa técnica busca especializarse en la cantidad de casos que se le asignan, los estudios jurídicos y las ONG’s prefieren incrementar el caudal de trámites e intensificar el trabajo para reclamar más subsidios estatales.

Varios años atrás, Cambiemos había introducido en las discusiones de las comisiones de justicia la posibilidad de asignar causas a ONG’S amigas. Ahora, en el toma y daca de la reforma judicial, el gobierno nacional evalúa ofrecer este pez gordo a la oposición derechista a cambio de favores en el nombramiento de jueces y cortesanos. Pero, además, una integración con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal repercutiría como un efecto dominó sobre todos los sistemas de defensa del resto del país.

El Colegio Público de Abogados de la CABA, dirigido por la lista del Pro de Rizzo “Gente de derecho”, ha ejercido enormes presiones sobre el sistema de justicia a fin de arrancarle un compromiso de trabajo presencial por parte de los judiciales durante el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esta enorme irresponsabilidad sanitaria traduce el carácter lobbista de los grandes estudios jurídicos y de las patronales nacionales en defensa de sus beneficios gananciales. Es a estos amigos de la patria contratista que el gobierno evalúa entregarle parte del servicio de defensa oficial.

Una reforma de estas características implicaría una avanzada privatizadora del sistema de defensa oficial con el consecuente ajuste presupuestario, sobre un ministerio que atraviesa un ajuste creciente desde hace años, en sintonía con las reformas laborales y los ajustes en carpeta que el gobierno y la oposición discuten con el FMI en el marco de la renegociación de la deuda.

Las y los trabajadores de los ministerios públicos debemos estar alerta ante cualquier intento del gobierno y la oposición de avanzar en esta reforma ajustadora y privatista, ante lo cual será necesario impulsar la más amplia deliberación colectiva a fin de organizar las medidas de fuerza que sean necesarias para derrotarla.