La lucha de los docentes y empleados públicos de Córdoba ha dado un nuevo salto. El paro y la movilización del 10 de mayo superaron abiertamente la jornada del 19 de abril: más del 90% de acatamiento y 10.000 trabajadores en la movilización.

 

La jornada se produjo al día siguiente que el ministro de Economía, Elletore, le asegurara a los capitalistas reunidos en la cena de la Fundación Mediterránea que el gobierno no iba a dar ningún aumento de salarios y ratificaba la voluntad de cumplir con el pago de los intereses de la creciente deuda pública y de no romper el pacto de responsabilidad fiscal firmado con la Nación.

 

Pero el gobierno sabe que resulta insostenible no otorgar ningún aumento en el marco de la inflación y de los reclamos salariales del conjunto del movimiento obrero. En realidad, el gobierno pretende llegar a julio y ahí comprometer un aumento, que sería inferior al 13%. Esto, además, dejaría afuera el blanqueo de las sumas en negro (y por lo tanto una recomposición de las jubilaciones) y la efectivización de los contratados, que fue el compromiso con el cual las burocracias del SEP y UEPC levantaron la lucha del año pasado.

 

Adónde va la movilización

 

Luego que debió renunciar al tarifazo del agua, a la privatización del Banco Provincia y ahora a la de Epec, el gobierno de De la Sota no está en condiciones de resistir una lucha a fondo de los trabajadores.

 

Sin embargo, las burocracias del SEP y UEPC han diseñado un “plan de lucha” que se ajusta a los tiempos de un gobierno acabado. Ahora proponen un nuevo paro y movilización, pero para el 29 de mayo. La burocracia tampoco fija un reclamo de aumento salarial, no se sabe por cuánto lucha. En la última asamblea de delegados escolares de Capital, un porcentaje importante de escuelas tenía mandato de reclamar un mínimo de 1.800 pesos (como ya lo había resuelto la asamblea del Departamento Colón) y algunos mandatos eran por 2.000 pesos, pero la burocracia impidió el debate. Creemos que es el momento de discutir en las escuelas la huelga general. Recogiendo mandatos y pronunciamientos podremos superar el obstáculo de la burocracia.

 

Por el mínimo en 2.000 pesos, el blanqueo de las sumas en negro, el 82% móvil para los jubilados y la efectivización de los contratados.