Como “lo prometiera”, el gobierno de Mestre terminó aplicando la Ley de Emergencia a los trabajadores del Banco Provincia al reducirles el salario en un 15%, establecer “ahorros” en comisiones, viáticos y horas extras.

El directorio decidió la aplicación “unilateral” de la Ley ante la “resistencia” de la Junta Gremial a colaborar con su aplicación. La Interna hizo votar el “estado de alerta y movilización. En una sucursal del Banco se votó en favor de un inmediato paro de 24 horas.

Con relación al desafuero de la C.I., un miembro del Directorio sostuvo que “para adoptar una resolución favorable a los gremialistas es necesario establecer un diálogo absolutamente cordial y en paz”(La Voz, 27/9), es decir: “firmen la Ley y la paz social por 6 meses y levantamos el desafuero”. Pero según el titular del Banco “debemos esperar los resultados (de la justicia) y acatarlos” (ídem, 28/9), lo que significa que no se vacila en buscar la ilegalización contra todo el movimiento obrero cordobés.

La Coordinadora de Gremios Estatales, mientras tanto, asiste impasible a este proceso, luego de haber demolido la resistencia a la Ley. La Interna del Banco Córdoba se encuentra ante la responsabilidad de fijar una política, es decir, preparar la ocupación del Banco, y exigir un plenario provincial y un inmediato paro activo provincial.

A pesar del gran retroceso que ha impuesto a los trabajadores, el gobierno cuenta las horas. Es que fracasó el intento de la patronal de CIADEA de forzar el “retiro voluntario” de 1.400 trabajadores, frente a la eventualidad de un conflicto.

Sin embargo, el gobierno acaba de anunciar la transferencia de la “atención primaria de la salud” a los municipios, luego de haberles “tirado”  las escuelas —la educación preescolar en 1996, como primer paso. Sólo “la mitad de los municipios tiene sus salarios al día” y “unos 10 deben hasta 8 meses de sueldo” (ídem, 28/9).

Dónde se fue la guita

El gobierno ha activado las denuncias sobre los negociados de la administración angelocista en el Banco de Córdoba, luego de haberle dado los “fueros”  de senador al ex gobernador. Según esas denuncias, se produjo “una pérdida de 330.000 dólares en plena crisis” (ídem) por compraventas fraudulentas de títulos y acciones a través del Banco Mariva; se fueron “51 millones de dólares” (ídem, 28/9) por “créditos mal negociados o incobrables” empezando por el Banco Extrader. Es aquí, entonces, donde está la plata para los trabajadores.

La resistencia requiere de una respuesta común de todos los sectores de las masas —abrir las cuentas, fuera la Ley, NO al vaciamiento, a la privatización o despidos.