Este material integra el folleto editado por el Partido Obrero para el desarrollo de una campaña contra la reforma laboral.

La mejor demostración de que el pacto CGT-gobierno sobre la reforma laboral ha preservado las columnas estratégicas del proyecto original es el pronunciamiento o el silencio aprobatorio de la Unión Industrial y demás cámaras empresariales.

Es interesante analizar cómo se vuelca la información. Todos los medios han batido el parche sobre la eliminación de la modificación planteada en el proyecto original, del artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que introducía el concepto de “cooperación” entre “partes iguales” –lo que hacía desaparecer el concepto del trabajador asalariado como sujeto sometido a una relación de dependencia, equiparándolo jurídicamente al patrón.

Se exalta la “victoria” de la burocracia al eliminar este texto ideológico, pero no se dice una palabra sobre la suplantación de ese artículo por la decisión de conformar una Mesa de Diálogo Tripartita que funcionará en forma permanente entre el gobierno y los “triunviros”. Una suerte de Consejo Económico y Social nada menos que para “evaluar y determinar medidas o cambios en el actual marco laboral”. Es decir, un paso más en la integración de los sindicatos al Estado. ¿Para qué? Para más reformas laborales, para el “reformismo permanente” del que habla Macri y así ir socavando una a una las conquistas obreras.

La Mesa se debe constituir en un lapso de 90 días y en otro tanto deberá pronunciarse sobre temas conflictivos y otros puestos a su consideración.

¿Cómo quedó el principio de “irrenunciabilidad”, que determina la nulidad de toda norma que rebaje los derechos logrados? Toda la prensa “informa” que se dio marcha atrás en el texto original, que permitía ignorar el “piso” de conquistas establecidos en los contratos individuales, pero no dice que se habilitó la renuncia “en el resto de otros casos” –es decir, de las mejoras por encima de este piso. De no acordar con esta rebaja de derechos, al trabajador solo le queda el derecho de hacer juicio.

 Los puntos nodales

El acuerdo dejó intocada la modificación del llamado Ius Variandi (art. 42), que establece que “el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidad de la prestación del trabajo”. El trabajador podrá acudir a la Justicia –lo que no impedirá el cambio– o considerarse despedido sin causa.

“El gobierno dio marcha atrás sobre las indemnizaciones”, se dice a coro. Estas, en el texto original, debían calcularse solo según el salario básico, y ahora se le integran las horas extras y las comisiones. Quedan afuera nada menos que el proporcional del aguinaldo, los bonos anuales, los premios de todo tipo; y se mantiene la puerta abierta a los “fondos voluntarios”, donde el trabajador termine pagándose de su salario su propia indemnización.

Sobre pocos temas se ha machacado tanto como en el supuesto retiro del “banco de horas”, que así dejaría preservadas las horas extras. Pero la información habitual no dice que el proyecto de ley establece que el banco puede establecerse por convenio colectivo, es decir con el acuerdo de la burocracia sindical, como hoy pasa en el Smata y otros gremios.

El proyecto deja abierta la libre contratación a tiempo parcial: “los convenios (…) determinarán el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial (…) en cada establecimiento (art. 33, inc.5).

Multifunción, flexibilidad laboral y rebaja sustancial de las indemnizaciones: el corazón de la reforma laboral ha quedado en pie.

El jubileo a las empresas que operan en negro es, a la vez, un colosal desfalco al trabajador. Los empleadores que blanqueen tendrán una condonación de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios por no haber cumplido con las contribuciones a la Seguridad Social. Pero atención: a los trabajadores blanqueados se les reconocerá sólo hasta 60 meses de aportes.

Si se mira la otra parte –los empresarios que actúan en negro– el trato es bien diferente. El Estado se hace cargo de lo que no aportaron los patrones y el blanqueo laboral incluye, además, la extinción de la acción penal en eventuales juicios.

Tercerización

La reforma laboral valida la tercerización, un rumbo abierto con las modificaciones al Código Civil. Elimina la responsabilidad solidaria en la tercerización o subcontratación de una vastísima cantidad de rubros.

Lo que importa, de todos modos, es que este es uno de los reclamos básicos del capital, que queda habilitado para implantar la tercerización “dentro o fuera de su ámbito” y pagar un salario menor a los sometidos a este régimen.

Lo notable del acuerdo es que ha sido modificado en función del acuerdo con Hugo Moyano. El régimen de responsabilidad solidaria de la empresa principal con el personal de una tercerizada no será aplicable en un conjunto de rubros. Por ello el hijo menor de Moyano, participó como abogado del equipo de abogados de la CGT que pactaron la reforma laboral.

Lo que se lleva la burocracia para ella

A cambio de dejar pasar la reforma laboral, la burocracia sindical se lleva tres cuestiones sustanciales:

Una, la preservación del unicato sindical, que el gobierno y la Corte Suprema están impulsando fuertemente con la ofensiva sobre los sindicatos simplemente inscriptos.

Dos, la creación de la “agencia evaluadora” de las prestaciones de las obras sociales, cuya misión será la de restringir los tratamientos más costosos y complejos, una agencia en la que la burocracia actuará como cualquier patrón de la salud.

Tres, la “dosificación”, aunque siempre presente como extorsión, de nuevos “carpetazos”. Mafia que no se disciplina, mafia denunciada.

La reforma laboral determina que el plazo de prescripción para presentar reclamos laborales pasa de dos años a uno -la dictadura había acotado ese plazo de cuatro a dos años.

Además, si durante cinco años no se pagaron horas extras, ahora se puede reclamar sólo por el último año. Esto en el marco de algo oculto pero sustancial: la colonización brutal que se está operando en la Justicia laboral, a fin de convertir a este fuero en una fuente de decisiones abiertamente patronales, más allá de la letra de la ley.



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