El martes primero de diciembre falleció por Covid-19 el Dr. Anderson Fonseca do Carmo, quién se encontraba haciendo su especialización en terapia intensiva en el Hospital Pediátrico, dependiente de la provincia de Córdoba. Este profesional de 38 años, quien se encontraba prestando servicio en el hospital hasta el momento de su internación, se suma a los más de 32 profesionales fallecidos en la provincia a causa de Covid-19.

“La salud está de luto” es una de las consignas que recorre los hospitales debido a las pérdidas humanas que el colectivo de trabajadores de la salud viene sufriendo en esta pandemia. En parte es ésta cruda realidad la que ha impulsado más a fondo el plan de lucha en salud, que ya lleva su tercera jornada de paro y movilización, esta vez de 72 horas.

El fallecimiento de Anderson conmovió en particular a la comunidad sanitaria, por tratarse de un joven trabajador perteneciente al sector más precarizado de salud. Siendo residente, un profesional que transita su especialización, cobraba apena $35.000 en carácter de beca. Esta precaria situación laboral lo dejó a él y a su familia sin ningún tipo de cobertura social, ni siquiera de la obra social de la provincia (Apros). Así las cosas, Anderson se vio obligado a trabajar en negro haciendo guardias en el sector privado, exponiendo por partida doble su salud y la de su familia.

Al día de hoy, la familia aún reclama ante el Estado y el Colegio Médico, una asistencia social tras su fallecimiento. Pero las únicas respuestas obtenidas son negativas, en la medida que un residente no es considerado un trabajador, por tanto no reviste relación de dependencia con la provincia.

Precarización laboral como base del sistema sanitario

La situación de Anderson Fonseca do Carmo es la de los 1.000 residentes que desempeñan funciones en los hospitales provinciales. Esta política de precarización se ha profundizado en los últimos meses. Sin ir más lejos, hace apenas un mes el gobierno de Schiaretti ha dado la directiva de dejar sin efecto las becas de médicos residentes afectados por la pandemia. Se trata, sin lugar a dudas, de despidos encubiertos.

En una carta dirigida a los directores de Hospitales se hace saber que los y las residentes que lleven al menos 120 días sin asistir a sus lugares de trabajo por la falta de transporte interurbano, o porque sean parte de grupo de riesgo les dejan de abonar la beca. También se informa que se produciría la reincorporación en tanto y en cuanto el profesional deje de ser considerado personal de riesgo, o que pueda asistir.

La medida deja abierto, por ejemplo, que a profesionales de la salud que estén embarazadas se les deje de abonar la beca, perdiendo la posibilidad de ser cubiertos por Apros. Se trata de una medida discriminatoria que golpea en particular sobre las trabajadoras mujeres, y que violenta a quienes hoy son la base del sistema sanitario provincial. La disposición ya ha sido puesta en práctica, con el despido de una residente afectada por la falta de transporte interurbano.

Las y los residentes vienen desarrollando un proceso de organización para enfrentar estos ataques, mediante asambleas y pronunciamientos del Colectivo de Residentes. La muerte de Anderson coloca nuevamente en agenda todos sus reclamos, de la manera más dramática. Acompañamos el reclamo de la familia para que se dé inmediata respuesta a la asistencia social y económica solicitada.

La lucha que impulsan las y los residentes y concurrentes por sus reivindicaciones se verá fortalecida en el desarrollo de un frente único con todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la salud, para conquistar el reconocimiento de todos los derechos laborales, mejoras en sus condiciones de trabajo, el pase a planta de todos las y los profesionales que finalicen su residencia y concurrencia, como así también la continuidad de los espacios de formación.