Perdida entre los avisos fúnebres, el diario La Capital (10/9) publica una información guardada hasta ahora bajo siete llaves: los “consensos” alcanzados entre la Intergremial Estatal (UPCN, AMSAFE, ATE, entre otros) y el gobierno de Reutemann para aliviar el “déficit” de la Caja de Jubilaciones de la Provincia y “evitar” su traspaso a la Nación.

El acta plantea “la elevación de edades jubilatorias”; “la modificación de la base de cálculo del haber al cese, extendiendo el período (ahora se toman los últimos tres años), y la “modificación  del sistema de movilidad de los haberes” (peligra el 82% móvil). Estamos, entonces, ante un proyecto de reducción lisa y llana de las jubilaciones.

También se “consensuó” “incluir los conceptos no remunerativos dentro de los ingresos sujetos a aportes”, reduciendo en consecuencia el salario de bolsillo. Se eliminaría también la “jubilación anticipada”, lo que perjudica en especial a los docentes que tienen la posibilidad de jubilarse con 25 años al frente de alumnos y 50 de edad, como así también a los trabajadores estatales que realizan tareas insalubres. Finalmente, se anuncia el propósito de “revisar las políticas adicionales o cómputos por año de excedencia”.

La guerra está declarada: el objetivo es “nivelar” la Caja santafesina al régimen nacional, para entregarla luego a las AFJP.

Gobierno y burocracia coinciden en afirmar que la Caja está con un “déficit” insoluble. Pero ocultan los datos y las causas. Todo indica, sin embargo, que con tres medidas la Caja resolvería el “déficit” supuesto y podría pagar sin sobresaltos el 82%: a) sacando de la Caja las jubilaciones de la policía (que la propia ley de “jubilación privada” deriva al Tesoro, porque los banqueros no aceptan hacerse cargo de seguros de elevado riesgo), b) derogando las nunca publicitadas “jubilaciones de privilegio”, c) entregando a la Caja los aportes de los miles de docentes transferidos a la provincia y que nadie sabe si efectivamente fueron a parar allí.

Los dirigentes no tienen mandato para entregar nuestras conquistas; llamamos a repudiar el Acta firmada.  Los gremios estatales deben retirarse de la “mesa de consenso”. Defensa del 82% móvil;No a la reducción de los haberes jubilatorios. No a la extensión de la edad jubilatoria, 55/60 años. No a la modificación del cálculo del haber al cese. Defensa de la jubilación anticipada. Defendamos los cómputos por años de excedencia. Incorporación de los conceptos no remunerativos y premios al básico. Por la separación de la policía del sistema previsional provincial. Por el control de las Cajas por trabajadores y jubilados electos democráticamente.