La huelga docente ha entrado en su tercera semana. El martes 2, maestros y profesores culminaron en General Roca una movilización desde Cinco Saltos, Chichinales y otras localidades, con más de 4.000 manifestantes. Cuarenta y ocho horas después cortaron por tres días el puente carretero que une Río Negro con Neuquén. Las movilizaciones sumaron en ambos casos a desocupados, trabajadores de los hospitales y judiciales. Todo esto contrasta nítidamente con la cómplice pasividad de las direcciones de las CGT (la UPCN es una virtual dependencia del gobierno de la Alianza) y, por otro lado, con la política de la CTA. Esta última tiene su fuerza en los hospitales y tribunales, con paros sucesivos de 48 ó 72 horas por reclamos que son comunes a los de los docentes, pero se opone a desenvolver un llamado a convocar y organizar la huelga general en la provincia.

Sólo esta política de las centrales sindicales y el frente político en la Legislatura pueden explicar la continuidad del gobierno de la Alianza en la situación de catástrofe actual. La “gestión” Verani es un gigantesco cero a la izquierda: en la provincia no funciona nada, ni la educación, ni la salud, ni la justicia.

La crisis de la salud pública, con hospitales devastados y carentes de los insumos más elementales, acaba de cobrarse la quinta víctima fatal en lo que va del año por falta de atención: una adolescente de Chichinales que deambuló de hospital en hospital sin poder ser atendida por falta de elementos. Esto, sin contar las decenas de muertes que ocurren dentro de los hospitales por falta de medios (oxígeno, medicamentos), lo que ha llevado a los médicos a presentar masivamente recursos de amparo judiciales preventivos ante eventuales juicios por “mala praxis”.

La Justicia rionegrina, por su parte, está abarrotada de expedientes, cuya resolución -si no entrara ningún juicio más de ahora en adelante- llevaría no menos de 2 años con la actual planta de trabajadores, según evaluaciones propias.

Donde más se evidencia la profundidad de la catástrofe social de la provincia es en la educación: las clases aún no han comenzado, y no existe por parte del gobierno el más elemental indicio de solución a la crisis educativa, salvo las amenazas y aprietes de la ministra Mázzaro y los improperios y provocaciones de la patota veranista contra dirigentes docentes, campaña tendiente a quebrar la lucha a la que se ha sumado plenamente el Diario Río Negro, promoviendo el carneraje y procurando meter una cuña entre los docentes y su dirección.

¿Marcha Federal?

La burocracia de Ctera ha llamado a una Marcha Federal de los docentes en huelga en las provincias, a iniciarse el jueves 11 culminando el viernes 19 en Plaza de Mayo. La iniciativa es inmensamente tardía y habrá que ver si se concreta dos días después del anuncio los docentes de Entre Ríos y San Juan levantaron sus huelgas sin lograr los objetivos luego de 40 y 50 días de lucha. La Marcha se presenta en nombre de la “nacionalización” del conflicto, lo cual, tratándose de quien viene, es ciertamente una impostura. “Nacionalizar” la lucha en serio significaría colocar a las organizaciones docentes en estado de asamblea para arrancar un salario básico común y la defensa irrestricta de los estatutos docentes.

El gobierno, por su parte, anunció que no tiene nada que ofrecer. Ofrece entrevistarse con la Unter “sin ninguna propuesta salarial, sólo para discutir la recuperación de los días caídos para alcanzar un año escolar de 180 días de clases efectivos”. Esto, dicho por un gobierno que adeuda gran parte de los salarios de enero, la totalidad de febrero y marzo, el aguinaldo completo del 2001 y el incentivo docente, refuerza la exigencia de “que se vayan todos”.

Finalmente, trascendiendo el reclamo salarial, se encuentra el hecho insoslayable de que más del 50% de las escuelas rionegrinas “no reúnen las condiciones mínimas de salubridad, higiene y seguridad para el normal dictado de las clases”; algo tan obvio que la propia Justicia ha clausurado edificios escolares en General Roca. Esta debacle edilicia no se debe *como podría pensarse* a la falta de fondos destinados a tal fin; todo lo contrario. Luego de la “tercerización” del mantenimiento de las escuelas, fuertes sumas fueron destinadas al efecto… y fueron a parar al bolsillo de los “punteros” y “amigos” del gobierno que se repartieron el curro (por supuesto, sin que mediasen licitaciones o mediante licitaciones “truchas”). La sobrefacturación, la no realización de las tareas de mantenimiento que se cobraban y, posteriormente, el abandono liso y llano, llevaron a la actual situación.

En manos de los que destruyeron la provincia y saquearon sus riquezas, los niños rionegrinos seguirán sin clases, los docentes sin cobrar, los enfermos muriendo por falta de atención, seguirán creciendo la deserción escolar, la mortalidad infantil, la desocupación y la miseria.

Su presencia en el gobierno es incompatible con nuestro derecho a vivir.

El PO plantea:

• Asambleas de docentes, padres, desocupados, trabajadores de los hospitales y judiciales para organizar una huelga en común, llamar al resto y constituir un comité organizador de la lucha responsable ante esas asambleas.

• Exigir la denuncia, investigación y desconocimiento de todas las deudas que hipotecan los recursos de la provincia y los municipios. Control de los ingresos por los trabajadores para establecer el pago prioritario de los salarios inferiores a 1.000 pesos, de los comedores escolares y de los insumos básicos.

• Plan de obras públicas para dar trabajo genuino a los desempleados.

• Asamblea Constituyente, que se vayan todos.