Con la participación de trabajadores de la salud, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y de la obra social provincial Ipross, se realizó una asamblea de la agrupación Tribuna Estatal para debatir sobre los ataques que vienen sufriendo.

Entre ellos, se abordó la redistribución compulsiva de agentes del Senaf en tareas no habituales, y la situación de los precarizados con contratos que cuentan con una cláusula que habilita que pueden estar hasta tres meses sin cobrar. En la obra social denuncian que el teletrabajo y las recetas digitales apuntan a un recorte de personal y reclaman la provisión de equipos de protección personal.

Los trabajadores de Salud manifestaron que el tan anunciado pero no cobrado bono de $5.000 pretende instalar un presentismo encubierto, ya que excluye a los empleados con licencia (aproximadamente el 30 % del personal) y que tampoco se cubrieron los puestos vacantes –mientras crecen los contagios entre los trabajadores del sector como sucede en el Sanatorio Río Negro, la Clínica Central y el Hospital Villa Regina.

También se debatió sobre la ausencia de asambleas en los lugares de trabajo, cuando urge exigir el efectivo cumplimiento de las medidas de protección. Como lo muestra el escándalo del contagio del personal aeroportuario en Bariloche, y que ni siquiera se logró aún la realización de testeos a los trabajadores de la salud. Esta situación da más vigencia al planteo que levantamos desde un inicio de poner en pie comités de higiene y seguridad de los propios trabajadores, en oposición a los comités de crisis de los funcionarios.

Otro tema que se abordó es que los sueldos básicos de los estatales están por el suelo y se mantienen las sumas en negro. La precarización laboral se sostiene, habiendo 2.500 trabajadores que rindieron su examen en noviembre de 2019 pero la gobernadora Arabela Carreras aún no firma su efectiva designación como personal de planta permanente. En este cuadro, las versiones de que no está garantizado el cobro de los sueldos deben poner en estado de alerta al conjunto de los estatales, ante la posibilidad de recortes salariales como en Salta, de pago en bonos como se evalúa en Santa Fe o de pago en cuotas como en Chubut.

Mientras los trabajadores sufrimos todos estos ataques, el gobierno de Juntos somos Río Negro -que se alinea siempre con el gobierno nacional de turno- busca un nuevo endeudamiento para afrontar el pago del vencimiento de 11 millones de dólares (casi 800 millones de pesos) de intereses de la deuda del Plan Castello.

Habiendo debatido sobre todos estos puntos, la asamblea resolvió impulsar una campaña en toda la provincia por el pago inmediato del bono de 5.000 pesos a todos los trabajadores de la salud; por un verdadero aumento de las asignaciones familiares; por la restitución de cada trabajador a sus tareas habituales, con equipos de protección adecuados y bajo supervisión de comités obreros de seguridad e higiene; pago en tiempo y forma de todos los sueldos, ni rebajas ni pago en cuotas, actualización automática por inflación; pase a planta de todos los contratados, ningún despido. Para pelear por todos los reclamos, vamos por la independencia de los sindicatos, por el no pago de la deuda externa fraudulenta y usuraria, y por un verdadero impuesto a las grandes rentas y fortunas para destinar los recursos a un plan de atención de la emergencia sanitaria y alimentaria controlado y dirigido por los trabajadores.