En los últimos días y a pesar del bloqueo que implica el aislamiento forzoso por la pandemia, los despedidos de YCRT (Yacimiento Carbonífero Río Turbio) han mantenido una intensa actividad por las redes y han logrado que su reclamo trascienda a algunos medios nacionales.

Los y las despedidas ingresaron a un Facebook-live de la conducción provincial de ATE con sus posteos que elevaban el reclamo de reincorporación, posteos que la dirigencia de ATE se tomó el trabajo de borrar rigurosamente de la página del gremio.

Es que la dirigencia de ATE funciona como apéndice de la propia empresa, apoyando el despido en masa que no es más que una medida de ajuste. La excusa es que algunos despedidos son exfuncionarios o personas con antecedentes penales o elementos que, en la lucha de 2018, patotearon a los compañeros.

Con estas excusas la dirigencia de ATE pide el despido de más de 400 trabajadores. Si fueran ciertas las acusaciones contra algunos despedidos deberían analizarse caso por caso con intervención de una comisión de los propios despedidos, pero el despido en masa debe ser anulado.

Hay que reactivar la mina y la usina

El tema de fondo es la reactivación de la empresa, la unidad de la mina con la usina en una carboeléctrica estatal. Esa reactivación obligaría a la toma de personal, con lo cual hay trabajo para los despedidos y para los desocupados de la cuenca que pujan por un espacio en la empresa con todo derecho.

El problema es que Alberto Fernández tiene otras prioridades, como por ejemplo el pago de la deuda externa. Terminar la usina se calcula en 20 millones de dólares y Alberto pagó esta semana 250 millones del vencimiento de un solo bono, o sea 12 veces lo que hace falta para reactivar Río Turbio.

Ese pago se hizo incluso en medio de una pandemia para la que Argentina necesita invertir ingentes sumas en un sistema de salud debilitado.

Estamos muy parecido que con Macri: no hay decisión de invertir para poner en marcha la carboeléctrica estatal (que para nosotros debe ser con mayoría obrera y electiva en el directorio). Un dato al respecto es el informe presentado por el nuevo gerente de explotación a los jefes de Punta Loyola (puerto que forma parte del complejo minero de YCRT): Loyola no va más, les dijo muy suelto de cuerpo.

Seguimos en el ajuste contra el pueblo y también lo demuestran los 1.100 millones de fondos adjudicados a la empresa que no alcanzan ni para cubrir los sueldos del año. Es un presupuesto macrista.

¿Una vez más Río Turbio tiene que esperar? ¿Por qué mejor no esperan los banqueros de la deuda externa?

Llamamos a los delegados honestos de ATE a replantear la actitud del sindicato, a reclamar al poder político las reivindicaciones de los trabajadores, en primer lugar que se anulen los despidos y en segundo lugar que se reactive la empresa con la usina incluida.

Necesitamos un sindicato clasista, independiente del gobierno y que no baje las banderas del reclamo de paritarias inmediatas, el pago de las deudas convencionales y el cumplimiento pleno del CCT, teniendo en cuenta que los salarios no se reajustan desde 2016.

La cuestión de la seguridad en la mina

Hace muchos meses que no se ingresa a trabajar en la mina por cuestiones de seguridad que en su mayoría no se han resuelto.

Ahora ATE ha canalizado la presión de Aníbal Fernández para que la mina vuelva a producir de cualquier manera y ha realizado reuniones en los turnos antes de la cuarentena en las cuales por mayoría se resolvió no ingresar, pero aprovechando que no se confeccionaron actas, luego ATE sacó un comunicado informando que se retoman las tareas en interior de mina, lo que se debería concretar apenas se levante la veda por la pandemia. Es una maniobra que no respeta la decisión de los trabajadores.

Hay que recordar que en 2003 la mina estuvo parada también varios meses por la Secretaría de Trabajo por cuestiones de seguridad y se retomó el trabajo, sin mayores cambios. En 2004 tuvimos que lamentar la muerte de nuestros 14 mineros en una tragedia evitable.

La seguridad no es ni de Macri, ni de Fernández, o las condiciones de seguridad se cumplen o no se cumplen.

Exijamos que la empresa resuelva las cuestiones de seguridad planteadas en los petitorios de 2019, para asegurar que volvemos a trabajar como corresponde. No invertir en seguridad es otra cara de las políticas de ajuste. Pero en esa se nos va la vida.