Como ocurriera durante todo el año pasado, Romero ha vuelto a acusar a los “infiltrados del PO” por la pueblada docente de Tartagal. Acusaciones del mismo tipo precedieron a las detenciones de los compañeros Raineri y Barraza y a la persecución de otros militantes.

Histérico, como siempre, este embajador de los usureros y principal impulsor de los 14 puntos del FMI, salió a decir que “no iba a permitir que en Salta pase lo que pasa en el resto del país, que aquí reina la paz social y hay un Estado que usará todos los recursos para poner orden”…

Romero encabeza el bando de los golpistas; quiere mostrarse como el garante del orden y sostiene su candidatura presidencial como hombre de confianza del FMI. Pero la pueblada del viernes en Tartagal, como todas las puebladas que se han venido dando en los últimos años, muestran el límite insalvable de esta política represiva.

Salta está en derrumbe de la mano de Romero. Su propio vicegobernador ha reconocido que en 60 días habrá cesación de pagos total. (Hoy la mayoría de los municipios están quebrados y la provincia paga con 20 días de atraso, los hospitales están desabastecidos, la obra social quebrada, la universidad sin un peso, al punto que han declarado un paro y movilización institucional para el jueves).

La reacción histérica de Romero responde al hecho de que la extensión del paro docente a toda la provincia podría galvanizar todos los procesos de lucha que están dando aisladamente los municipales en numerosas comunas y también los desocupados, y crear así las condiciones para una lucha de conjunto.

El PO impulsa asambleas populares en cada localidad para desarrollar esta perspectiva, la de la Huelga General provincial.

Los ataques al PO ya provocaron el año pasado una auténtica polarización política en la provincia. El PO es la única oposición política real a Romero, empeñada con todas sus fuerzas en ayudar a la organización del pueblo, que defiende los programas de los congresos piqueteros y levanta, frente al caos y el hundimiento de la provincia que provoca la permanencia de Romero y Duhalde en el poder, la lucha por una Asamblea Popular Constituyente que asuma el poder.

Una Constituyente para la reestatización del petróleo y de los bancos bajo control de los trabajadores, para garantizar trabajo genuino, educación pública gratuita y todos los reclamos de los trabajadores.

La lucha es para que se vayan los infiltrados del FMI del gobierno y gobiernen los trabajadores.