De acuerdo a Ambito Financiero (28/2), la noticia del contrabando de cocaína a España, que jueces, militares, secretarios, ministros y servicios mantuvieron celosamente oculta, habría sido ‘buchoneada’ a La Nación por la embajada norteamericana. La versión es verosímil porque es sabido que el columnista de ese diario, Morales Solá, tiene allí su principal fuente informativa. ¿Cuál podría ser el interés de los yanquis en pasar por encima del gobierno, al cual elogian por el canje y por su ‘lucha’ contra el terrorismo?

 

La respuesta se encuentra en la próxima visita del jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, un reconocido criminal de guerra cuya renuncia exigen incluso los republicanos de Bush.

 

Ocurre que Rumsfeld viene a “hablar de aeropuertos, Aeronaútica, control del espacio aéreo y, sobre todo, instalación de un sistema de radares que le costará al Estado argentino unos 800 millones de dólares….” (ídem) y naturalmente la entrega de la soberanía nacional sobre todo lo que se mueve por arriba de la superficie. En 1995, los yanquis consiguieron la radarización de la Amazonia. Estados Unidos asegura que la radarización es imprescindible para el control del narcotráfico, el terrorismo y la seguridad policial en general.

 

Este atropello con negocio incluido data de la época de Menem, cuando no logró prosperar, sin embargo, debido a una disputa entre la yanqui Northrop Grumman, la italiana Alenia y la francesa Thompson (que iba asociada a la norteamericana Lockheed). Además existía una pelea por la ‘cometa’ del negocio entre el ex secretario de Menem, Alberto Kohan, el ‘empresario’ Eurnekián, el ex intendente Jorge Domínguez y un corredor de negocios, Emilio Noceda. Ambito clasifica a Eurnekián como un representante de la Curia en las ‘tratativas’.

 

Lo que importa de todo esto es que ha sido suficiente una provocación ‘narco’, ejecutada, claro, con la connivencia de los funcionarios de gobierno, para que el Estado nacional sucumba ante la presión del imperialismo en un tema fundamental. Otra interpretación sería que los ‘nac. & pop.’ montaron esta provocación ellos mismos para justificar ante la opinión pública la entrega del espacio aéreo nacional. Lo mismo se puede decir de la privatización de Lafsa, decidida en forma repentina para tapar los negocios sucios con Southern Winds. Se trata de un pretexto para llevar las privatizaciones hasta el final, porque el gobierno bien hubiera podido confiscar a SW y montar una aérea estatal.

 

Un lector de La Nación (26/2) atribuye la destitución del jefe de la Fuerza Aérea por parte de Kirchner a la oposición de aquel, el brigadier Rhode, “a la privatización de los aeropuertos”.

 

¿Por qué uno debería sorprenderse, entonces, de que Clarín informe (1/3) de que Estados Unidos “está de acuerdo con las medidas que tomó el Presidente contra el narcotráfico”?