Desde principios de diciembre, los trabajadores de las empresas de transporte María del Rosario y Sol Bus realizan uno de los paros más largos de la historia del transporte interurbano. Reclaman por deudas salariales (cobran un básico de 12.000 pesos), el pago de horas extras, el descanso entre vuelta y vuelta, y el pago extra por los días feriados entre las principales demandas.

 

El conflicto se radicalizó con acampes frente a la empresa María del Rosario. El juez laboral Rodolfo Fages, del Juzgado Laboral Nº 1, los intimó a terminar con la medida de fuerza o procedería a la detención de los trabajadores comprometidos en la defensa de su fuente de trabajo.

 

La UTA, desde un principio, eligió una vía muerta para abordar el conflicto. Desde agosto pasado exige la intervención de Relaciones Laborales de la provincia, es decir de los Rodríguez Saá, que son quienes promueven los despidos en defensa de la “puntanidad”, por ejemplo a través del impuesto del 10% a las empresas que no contraten mano de obra puntana. Esta es una forma de mantener su base social y una respuesta discriminatoria ante la reducción del mercado laboral reflejada en el cordón industrial puntano. Además, son quienes han amenazado con declarar ilegal la huelga.

 

Finalmente, Relaciones Laborales dictó la conciliación obligatoria que la patronal desconoció y despidió a 40 trabajadores. 

 

Así, el paro nacional de los gremios del transporte por el impuesto al salario empalmó con un paro provincial total ante los despidos masivos en el sector. Se realizaron piquetes desde la madrugada en la ruta a la altura del Dónovan, en la autopista de las Serranías Puntanas.

 

Fue toda una expresión de la disposición a la lucha en defensa del salario y de los puestos de trabajo por parte de los choferes. 

 

Este conflicto se da en medio del llamado a licitación para el transporte interurbano, donde se presentan las mismas empresas amigas del gobierno provincial y bancadas por el subsidio nacional de los Kirchner, continuado por el macrismo.

 

Desde la UTA-San Luis sólo hacen declaraciones por la preocupación de mayores despidos y el no respeto de derechos adquiridos por los trabajadores, como por ejemplo, la antigüedad.

 

La política de ajuste de los hermanos Rodríguez Saá no sólo se aplica en el sector público, con contratos basura, bajos sueldos y ausencia de paritarias en el sector docente, sino también de las que es un aliado fundamental en las empresas privadas. 

 

Las empresas privadas participan activamente en la vida política de la provincia, específicamente en las campañas electorales, donde brindan financiamiento y logística al PJ gobernante en la provincia desde 1983.

 

Esta huelga y la jornada combativa con piquetes y asambleas muestran un ánimo de lucha entre los trabajadores de la provincia de San Luis. Al mismo tiempo, plantean la necesaria organización sindical antiburocrática para batallar contra la profundización del modelo antiobrero de los Rodríguez Saá.