En el conflicto de la empresa SanCor –que decidió cerrar cuatro de sus plantas y dejar a 500 obreros en la calle, para luego liquidar 1.000 puestos de trabajos más–, el gobierno de Macri se ha colocado abiertamente contra los trabajadores y como un impulsor activo de esas cesantías.

 

El ministro de la Producción, Francisco Cabrera, declaró sin pelos en la lengua que el gobierno no va a otorgar un préstamo que había acordado con la lechera porque ésta no cumplió con el “ordenamiento” requerido por el gobierno, que supone la eliminación de esos 1.500 puesto de trabajo.

 

Por si las declaraciones de ministro no fueran suficientemente claras, la patronal de la cooperativa láctea emitió un comunicado donde reconoce que trabaja en “diversas líneas de acción” para afrontar esa “reconversión” exigida por el gobierno.

 

En realidad, la presión oficial sobre la empresa tendría como objetivo último que, luego de los despidos, la cooperativa sea vendida a alguno de los interesados en adquirirla, dos de los cuales, según trascendió, son empresas multinacionales del sector. Una condición puesta para que se realice la operación sería, justamente, la cesantía de ese millar y medio de trabajadores, sobre una plantilla de 4000 actualmente.

 

Esto deja en claro que el gobierno de Macri no genera despidos por default de su política sino que impulsa un reordenamiento del aparato productivo que supone liquidar a centenas de miles de puestos de trabajo, aumentar los ritmos y las jornadas laborales y liquidar conquistas históricas del movimiento obrero con el objetivo de enfrentar (no superar) la crisis capitalista, haciéndola recaer sobre los hombros de los asalariados.

 

Esta orientación también se constata en el caso de SanCor. Según Clarín (5/3), en una reunión que mantuvo Macri con la dirección del sindicato lácteo Atilra, que encabeza Héctor Ponce, “el Presidente le habría dicho que no entendía cómo, después de haber vendido parte de una de sus líneas de productos y en dificultades financieras, habían aprobado una paritaria con el gremio que implicaba un 40% de aumento en los sueldos, complicando al resto de la industria”.   

 

En relación al conflicto, la burocracia de Atilra ha jugado un papel directa y activamente patronal. Ponce no solo rechazó acompañar las medidas que realizaron los camioneros en defensa de los puestos de trabajo de los choferes de las cuatro plantas cerradas, con la excusa de que “todavía no hay despidos y los camioneros son tercerizados”, sino que declaró que “él mismo tuvo entrevistas formales con industrias extranjeras interesadas en invertir en SanCor” y presiona a la patronal para que ceda a las mismas el control de la empresa (ídem).

 

Es decir que el gobierno y el sindicato están actuando en la misma sintonía de liquidar fuentes de trabajo por miles y de entrega de la empresa al capital extranjero.

 

De esta burocracia no se puede esperar más que una traición a la pelea por los puestos de trabajo. Es necesario un agrupamiento de todo el activismo de SanCor para enfrentar los despidos. De las plantas cerradas y de las que, más temprano que tarde, van a ser golpeadas por el millar de cesantías que la patronal tiene en carpeta.