El Ministerio de Trabajo prorrogó por 5 días la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantiene el gremio de la sanidad. La Directiva Celeste y Blanca de Daer criticó con dureza, públicamente – por un lado – dicha prórroga pero levantó – por el otro – el paro de 24 hs que debía realizarse el jueves 29 pasándolo al miércoles 4 de agosto, una vez cumplida el día 3 la prórroga ministerial.

El comunicado de la FASTSA plantea “Ninguna resolución administrativa va a detener la fuerza de los trabajadores” y “es imposible impedir la realización de medidas de fuerza cuya finalidad es conseguir la actualización de los salarios” ¿No correspondía entonces rechazar la intromisión del Ministerio y mantener las medidas en marcha?

Sucede que la política salarial del gremio está atada al reclamo patronal para que el gobierno autorice el aumento del precio que el Pami, las Obras sociales y la prepagas pagan por las prestaciones sanatoriales. Las cámaras empresarias declararon que el reclamo salarial del gremio es justo y Daer y West Ocampo correspondieron, opinando que deben actualizarse dichos valores. Claro que por esa vía la ecuación cierra con un “tarifazo” que pagará el bolsillo de la población. Y esto sin que exista una investigación de las ganancias reales de la medicina privada, por medio de una auditoría pública del destino de fondos que recibieron por aumentos, por ATP, por Repros, exenciones impositivas y subsidios de todo tipo.

Difícilmente Daer, el dirigente de la CGT más cercano al gobierno, amigo personal del presidente, quiera sostener un conflicto que le agite las aguas al gobierno de Alberto en vísperas de elecciones. Se va a dirimir en el Ministerio, en la mesa de las Obras sociales, el Pami, las prepagas y los sanatorios privados. La demora tiene que ver con la contradicción entre el beneficio capitalista de la medicina privatizada y una inflación desbocada que perturba los cálculos electorales del oficialismo. La variable de ajuste no debe ser ni el precio de la salud – mucho menos en pandemia – ni el poder de compra de los salarios. Finalmente, con el 45% reclamado por FATSA, una enfermera pasará de un sueldo de 56.000 pesos a uno de 81.000, debajo de la “canasta de consumos mínimos” de 103.000 pesos de ATE – Indec.

Finalmente pero fundamental, todas estas decisiones se toman al margen de la deliberación y aprobación de las bases del gremio. Que, recargadas por la miseria salarial y la extenuación del trabajo en pandemia, son las que vienen protagonizando con fuerza las movilizaciones y batucadas, rebalsando por lejos la regimentación del aparato sindical.

Las asambleas por lugar de trabajo deben votar todo.

No a las medidas aisladas, plan de paros progresivo.

Por 100.000 pesos de básico mínimo.

Refuerzo de personal y reducción de las jornadas para evitar el pluriempleo y la extenuación en pandemia.

No al aumento del costo de la salud a la población. Auditoría pública independiente de las cuentas empresaria.