Tras 10 días, los 2.500 choferes de colectivos urbanos e interurbanos de toda Santa Fe continúan de paro porque les deben la mitad del salario del mes de abril. En el día de hoy, el municipio de Rosario anunció que cubrirá solo el 20% del salario adeudado y UTA decidió seguir con la medida hasta que les paguen la totalidad. El tema salarial tiene toda una profundidad más allá de la deuda de abril, porque este impago parcial adelanta un problema de fondo que es la posibilidad de que de aquí en más los choferes no tengan estabilidad laboral ni salarial, resultado de la crisis de fondo que atraviesa el transporte público de pasajeros.

Al momento de la reunión del Ministerio de Transporte de Nación con la UTA nacional no se llegó a ninguna resolución del conflicto.

Una crisis terminal

Todas estas idas y venidas tienen por detrás que en realidad está en cuestión el conjunto del sistema de transporte de pasajeros.

En otras ocasiones, cuando las empresas pretendían mantener sus ganancias, los gobiernos resolvían la situación otorgándoles más subsidios y/o aumentando el precio del boleto. Siempre pagando las consecuencias la clase obrera, a través de boletazos y más boletazos, o con subsidios que salen de la recaudación estatal, es decir, en su mayoría del bolsillo de la clase trabajadora. Así, como señalamos desde Prensa Obrera Rosario Bus, El Cacique, Autobuses Santa Fe y Ersa Urbano, que controlan la mayoría de las líneas de Rosario y Santa Fe Capital se han embolsado subsidios millonarios año tras año, y han sostenido sus ganancias a fuerza de tarifazos en el precio del boleto.

Pero hoy, a la enorme crisis fiscal que atraviesa Nación, provincia y municipios, hay que agregarle la baja sustancial de pasajeros. La pandemia y la cuarentena efectivamente redujeron enormemente la cantidad de personas que utilizan el transporte. A mediados de abril, la Federación patronal del transporte (Fatap) señalaba en un comunicado que “la drástica caída de pasajeros transportados, que en ninguna jurisdicción del país se encuentra por debajo del 90%, resultando inevitable reconocer que, en la práctica, se ha afectado de modo terminal la posibilidad de afrontar las obligaciones necesarias para mantener en funcionamiento el sistema”. En el día de ayer, el vicepresidente de esta cámara patronal, Gerardo Ingaramo, declaró en Cadena 3 de Córdoba (19/5) que “es una situación de crisis terminal. Algunas empresas tendrán que llamar a concurso, quebrarán y otras no arrancarán más”.

Para poner solo un ejemplo, en Santa Fe Capital se pasó de 2019 a 2020 entre el 20 de marzo y el 10 de mayo de 5.555.391 a 555.940 viajes. Casi 5 millones de viajes menos. (El Litoral, 17/5). Todos los especialistas recalcan que a pesar de que la cuarentena concluya definitivamente, tomará meses y meses volver a una demanda de transporte de pasajeros similar al pasado. El transporte de pasajeros es de las exposiciones sociales que las personas intentan evitar en lo posible.

Nada indicaría que un mero aumento de subsidios o un nuevo boletazo contra la población trabajadora alcance para superar esta crisis profunda del sistema de transporte. Los choferes a esta altura no solo reclaman por los salarios adeudados, sino que cuestionan cuál va a ser la salida a un plazo más largo. El salario adeudado de una quincena, eventualmente, puede aparecer. Pero la crisis de fondo va a continuar.

Se abre por lo tanto la siguiente situación para la próxima etapa: o los empresarios (junto con los gobiernos) intentan reorganizar el transporte en función de sus ganancias y para ello pretenden avanzar en un plan leonino de vaciamiento de los servicios, reducción de unidades, reducción de personal, ataque al salario y enormes boletazos contra la población; o por el contrario, los trabajadores y la población defendemos el transporte de las garras de los empresarios y los gobiernos de turno. Defendiendo las condiciones laborales y salariales de los choferes, como así también un servicio de calidad y con un boleto popular.

Para ello, desde el Partido Obrero planteamos la apertura de los libros contables de estas empresas, para determinar la verdadera situación económica del servicio y el verdadero costo del boleto. Bajo el llamado “secreto comercial”, estas empresas mantienen bajo llave sus reales ganancias, su dinero acumulado y el destino de los subsidios. Por ello es necesaria una intervención popular, tanto de los trabajadores del transporte, como de la población más en general que utiliza el transporte. Se impone una asamblea general de trabajadores del transporte que delibere y resuelva un plan de lucha en defensa del salario y los puestos de trabajo. 

La salida pasa por poner un coto al desmanejo patronal y la estatización integral del sistema de transporte, su puesta en funcionamiento bajo control y supervisión de los trabajadores del servicio y comisiones de usuarios.