Sindicales

29/10/2015|1387

Se reabre el conflicto en Cresta Roja (Rasic)


Desde hace dos semanas, la empresa trabaja día por medio por no tener la cantidad necesaria de pollos para la faena. Frente a esta situación, los trabajadores de planta 1 y 2 (ubicadas en Ezeiza y Echeverría, respectivamente) se organizaron en grupos para ir a visitar las plantas de incubación. Allí encontraron que no había el alimento necesario para criar los pollos y ése era el motivo por el cual estaba detenida la faena. El gobierno de la provincia de Buenos Aires incumple en toda la línea el acuerdo de agosto.


 


Los trabajadores de la empresa habían desarrollado, hace unos meses, una amplia lucha en defensa de 600 puestos de trabajo  y reclamando garantías de continuidad para la empresa. El compromiso arrancado entonces fue una inversión de 500 millones de pesos por parte del Estado provincial para garantizar la capacidad productiva de la empresa: alimentos, provisiones, transportes y los 5 mil puestos de trabajo hasta enero de 2016 (120 días). El garante de este compromiso fue un interventor designado por el gobierno municipal: Daniel Gurzi.


 


El jueves pasado retomaron la movilización con asambleas en las dos plantas, acompañados por los trabajadores de los molinos y los campos de incubación (Cañuelas, San Miguel del Monte). El sindicato (STIA) le dio la espalda a esta acción. La jornada, que movilizó a más de 700 trabajadores hasta Capital, se inició entregando un petitorio en la Casa Rosada reclamando el cumplimiento inmediato de lo pactado con el gobierno provincial. Luego se movilizaron desde allí a la avenida 9 de Julio donde sostuvieron un corte total durante 8 horas. Este enorme piquete consiguió una reunión entre las partes de la que también participó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En el trascurso de esta semana, y también como consecuencia de la movilización, llegó alimento para continuar con el funcionamiento de la empresa por unas semanas.


 


Es necesario un plan de lucha y una comisión de seguimiento integrada por los trabajadores de las plantas de incubación, faena y los campos para garantizar el cumplimiento integral del acuerdo con el gobierno provincial. Por otro lado, el Estado nacional debe garantizar la continuidad de la empresa y la seguridad de los 5.000 puestos de trabajo que están en juego, más allá de enero próximo.