14/05/2020 | 1593

Se reunió la mesa del Plenario del Sindicalismo Combativo

La mesa del PSC, reunida de manera virtual, debatió extensamente la situación actual; votó una nueva declaración y una agenda de iniciativas, que incluye una radio abierta frente al Ministerio de Trabajo, el 19, y un plenario nacional (virtual) para votar un plan de acción, el 27.


El avance de la pobreza y la precarización abarca a todas las capas trabajadoras. Desde los más sectores más vulnerables, los desocupados o los que carecen de un ingreso regular, a los obreros asalariados bajo convenio. 


Las familias de los barrios más humildes siguen sin recibir los alimentos necesarios, lo que está profundizando la acción de lucha de las organizaciones piqueteras no asimiladas al gobierno, con el Polo Obrero en primera línea.


Casi cuatro millones quedaron fuera de la miseria del IFE (que recién ahora se empieza a cobrar), mientras bajo el paraguas del pacto UIA-CGT-gobierno se generalizan las rebajas salariales. No es solo la reducción “legal” del 25% del neto a los trabajadores suspendidos; el pacto fue una señal a política para que muchas patronales avancen hasta donde se lo permite la relación de fuerzas, imponiendo quitas mayores y por plazos más prolongados. El argumento de que así se preservan los puestos de trabajo choca con las estadísticas que marcan una sangría de miles de despidos desde que comenzó la cuarentena. 


Mientras ajusta el salario y las jubilaciones, Alberto Fernández cede constantemente a las presiones de los usureros internacionales y de las patronales locales. 


En medio del derrumbe económico, acaba de transferir 320 millones de dólares al FMI y sigue negociando con los bonistas. La oferta que el gobierno presentó -ya muy “generosa”- fue rechazada por los acreedores con la convicción de que arrancarán nuevas concesiones. Lo que reclaman es un plan de “sostenibilidad” de los compromisos -o sea, un ajuste mayor, que lógicamente será en desmedro de los trabajadores.


La cuarentena se “abre” cada día más por exigencia de las patronales y de sus alcahuetes de la CGT. Más de mil nuevas industrias en el AMBA vuelven a funcionar en el momento en que crece el ritmo de los contagios. 


La declaración del ministro de Educación, Nicolás Trotta, sobre “la vuelta a clases en agosto” (lo que implicaría sumar a 12 millones de personas, entre docentes y alumnos a la circulación) es un guiño a la línea de normalización económica y comercial. 


La burocracia sindical reparte sus energías en colaborar con las operaciones patronales contra el salario y la rosca por la próxima renovación de la cúpula de la CGT. En unos días se realizará una reunión de la mesa ampliada de los “Gordos” para delinear su estrategia en la disputa con el moyanismo, que ya lanzó a Pablo como candidato del Frente Sindical. Esta compulsa definirá quién será el ocupante del sillón sindical en la mesa del Pacto Económico y Social, que el gobierno promete relanzar, o el administrador de los fondos de las obras sociales, pero es completamente extraña al interés de los trabajadores.


 La defensa del salario, el trabajo y la salud es lo que impulsa la protesta y la lucha: desde el Sutna a los médicos y enfermeros; desde los repartidores a los trabajadores de BedTime, Sedamil, Morvillo, Penta, Kimbely Clark o Clarín, desde los mineros de Neuquén a los docentes y estatales de la Ciudad y provincia de Buenos Aires, y las organizaciones piqueteras independientes, entre muchos otros sectores.


Las iniciativas del PSC apuntan a confluir con estas luchas para contribuir a su triunfo y levantar un programa para enfrentar la catástrofe actual.


Abajo el pacto UIA-CGT-gobierno. Defensa integral del salario. Ningún despido, ninguna suspensión. 30 mil pesos para todos los trabajadores sin ingresos. Defensa de la movilidad jubilatoria. No al vaciamiento de la Anses. Formación de comités electos por los trabajadores para controlar las condiciones sanitarias y la esencialidad de las tareas. Apertura de las cuentas de las empresas. Centralización del sistema de salud, público y privado, incluyendo geriátricos, bajo control de sus trabajadores. No pago de la deuda externa. Impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas. Nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos naturales. Reorganización integral del país, para defender la vida y el futuro de nuestro pueblo. Por una salida de los trabajadores.




 

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