De acuerdo a la Ley de Empleo, el monto del seguro de desempleo debe ser fijado por el Consejo del Salario Mínimo. Pero el gobierno “nacional y popular” decidió fijarlo por decreto, violando esa disposición. Lo estableció en 250 a 400 pesos, o sea, lo aumentó en 100 pesos. Eximió así a la CGT y CTA de poner la firma en un nuevo decreto antiobrero.

 

Este seguro se mantenía congelado desde 1994. Luego de 12 años, este aumento representa una suba promedio del 40%, por debajo de la inflación promedio del 75%. Con relación al sueldo de un trabajador en blanco (en promedio, de 1.400 pesos), los 400 pesos de techo representan apenas menos del 30% del salario.

 

El año pasado, a instancias de la CGT, pero con el cuidado de no fijar ni fecha ni forma, el Consejo del Salario Mínimo había “recomendado” al Ministerio de Trabajo que aplique el llamado seguro de desempleo para los trabajadores no registrados o en negro tal cual figura en la mal llamada Ley de Empleo, aprobada en 1991.

 

Semejante “recomendación” llevó entonces al “Boletín Oficial” Página/12 (7/6/05) a titular que “Amplían el seguro de desempleo a los que despidan de un empleo en negro”, lo cual era una completa mentira, e incluso una estupidez, porque nunca se aplicó a pesar de que regía desde 1991.

 

Ahora, en el decreto no se dice nada de esa “recomendación” que cayó así en el olvido, incluido el de los propios promotores, la propia CGT y el del flamante presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde. ¿Impulsará Recalde la anulación de este decreto y su reemplazo por un seguro universal, similar al sueldo del trabajador despedido, incluiso para los que están en negro?

 

El PO plantea: seguro de desempleo universal, financiado por las patronales y equivalente al sueldo que tenía el trabajador al momento de ser despedido.