Sindicales

12/4/2006|941

Si no hay respuestas se reabre el conflicto


Las Heras se acerca a una reanudación del conflicto. Con la llegada de los “nuevos” funcionarios provinciales se abrió una serie interminable de reuniones, que poco a poco han conducido las reivindicaciones a una vía muerta.


 


Siguen detenidos ocho trabajadores. La empresa Indus se mantiene firme en no encuadrar a los trabajadores en el convenio petrolero. Aún no han producido ningún reencuadramiento en otras empresas de la construcción. Por otra parte, la dirección del sindicato petrolero y las empresas “trabajan” juntos en perseguir a los delegados. Están fuera de los yacimientos dos reconocidos dirigentes petroleros, a los que no se les permite ingresar a las empresas, y hay más de 30 suspensiones de afiliación en curso.


 


El propio gobernador y todos sus funcionarios que han bajado a Las Heras no han hecho otra cosa que ir de promesa en promesa, de reunión en reunión, buscando desgastar y dividir a los compañeros.


 


El viernes 7, una importante reunión conjunta de todos los participantes en este gran conflicto ha tomado una serie importante de resoluciones.


 


Se votó:


 


1) El reinicio de las marchas por los obreros presos y las demás reivindicaciones, comenzando el martes 11, fecha en la que habrá una nueva reunión con funcionarios del gobierno;


 


2) Una movilización general a Caleta Olivia, el día de la audiencia por los compañeros detenidos, con la presencia de organizaciones de derechos humanos, sociales y organizaciones políticas nacionales;


 


3) La realización de un festival para recaudar fondos para los familiares y desocupados;


 


4) El envío de una carta al gobernador que, por su tenor, puede cambiar el curso actual de las negociaciones.


 


Poco a poco se comprueban los fabulosos negociados que hacen las patronales petroleras con la tercerización de empresas, la precarización del trabajo y los contratos basura. Indus es la patronal más encarnizadamente negrera.


 


El más negrero de todos es el propio gobierno provincial que, al igual que las empresas petroleras, terceriza a los empleados públicos en trabajos de agua, gas y electricidad y abona en negro el 80% de sus sueldos.