04/08/2005 | 911

Sigue la lucha de los llevadores de McDonald’s

El lunes 25 (día en que finalizaba la conciliación obligatoria) se realizó en la puerta del Ministerio de Trabajo la concentración de los trabajadores de McDonald’s. Se sumaron solidariamente los delegados de Parmalat, la juventud trabajadora, con delegados gráficos y de Empleados de Comercio, y una nutrida columna de la Fuba.


Los compañeros llevaron a la audiencia un petitorio firmado masivamente, en el que se detallan las reivindicaciones votadas por la asamblea. El sindicato pastelero y el Ministerio bloquearon la posibilidad de que el reclamo quedara plasmado en el acta ministerial.


Los trabajadores exigen que en el acta, además de la garantía de reincorporación definitiva de los trabajadores despedidos por luchar, se especifiquen las reivindicaciones. Que quede constancia del reclamo de pase a McDonald’s para terminar con el fraude laboral y que conste también la estafa salarial (no pago del salario de convenio ni de los aumentos por decreto, y recibos de sueldo dibujados). Por ejemplo, en la última audiencia la empresa se “compromete” a “cumplir el convenio”, ¡pero por ahora los trabajadores siguen cobrando lo mismo! Ahora exigiremos más que nunca que la diferencia se concrete en el próximo cobro.


El Ministerio “ofreció a las partes” estirar la conciliación, aunque la empresa amenaza con insistir en los despidos luego que termine. Los trabajadores en asamblea decidieron aceptar la prolongación. La empresa y el Ministerio buscan enfriar el conflicto, los trabajadores buscaremos lo contrario: calentarlo aún más. Aprovecharemos estos días para intensificar nuestra campaña de repudio a la explotación que ejerce el pulpo yanqui de nuestra juventud y para afianzar aún más la aguerrida organización de los trabajadores contra los intentos de que siga todo igual o inclusive de mantener los despidos.

También te puede interesar:

Silencio criminal de los sindicatos y el gobierno.
El único mensaje que escucha el gobierno es el de los capitalistas.
Autoconvocados presentaron un plan en el Ministerio de Producción para que trabajadores e infraestructura de la empresa sea absorbida por el Estado.
El gobierno de Suárez despidió a alrededor de 50 trabajadores de la Obra Social de Empleados Públicos.