El confinamiento improvisado que el gobierno resolvió por 9 días tiene una enorme cantidad de industrias exceptuadas que están funcionando normalmente, sea porque lo determina el DNU o porque lo hacen de hecho.

El decreto señala como exceptuadas las industrias de la alimentación y las vinculadas a ella por ser de la cadena productiva o proveedoras de insumos, industrias de higiene, medicamentos, etc, y las industrias vinculadas con el comercio exterior. Estas definiciones son de tal amplitud que habilita al funcionamiento de industrias de todo tipo.

Pero no sólo eso, sino que el gobierno nacional deja en manos de los gobernadores y de los intendentes para que realicen un control que haga cumplir las restricciones.
En el caso del Gran Buenos Aires, como ocurriera ya el año pasado, son muchos los intendentes que hacen la “vista gorda” dando lugar al funcionamiento de plantas industriales.

Un reciente pronunciamiento de los industriales bonaerenses de la UIPBA reclama la apertura indiscriminada a la vez que amenazan con retrasar salarios, no pagar aguinaldos y despedir. Por eso piden expresamente la eliminación de la doble indemnización.

Para el gobierno y las patronales lo esencial es seguir produciendo, no la salud obrera

De todas formas, son muchas las industrias y las pymes que abren utilizando el argumento falso de ser exportadores, por ejemplo. Los parques industriales lejos de concentrar un “control” por parte de los municipios funcionan ampliamente, como el de Almirante Brown que es el segundo más grande de la provincia de Buenos Aires o el de Spegazzini.

La planta autopartista Guidi, de Burzaco, no paró siquiera el fin de semana largo, al igual que la planta que tiene la empresa en Zárate, lo que se repite en otras empresas autopartistas. La plastica Mascardi, que no produce nada esencial, ubicada en Ezeiza, también sigue trabajando en un distrito donde el intendente Granados le da vía libre, masivamente, a las empresas para seguir operando, aunque no sean esenciales.

La insistencia por parte de las patronales de que los lugares de trabajo no contagian es un cuento que no pasa de una consulta elemental a los trabajadores de cualquier fábrica, sobre todo en los gremios que no tienen protocolos obreros elaborados ni sostienen ninguna lucha por la aplicación de medidas sanitarias. El caso de Acindar Villa Constitución es un ejemplo impactante que alcanzó un 23% de contagios de todo su personal, cuatro veces superior a la media de esa localidad.

En Cattorini, planta que produce botellas de vidrio para bebidas alcohólicas como el whisky, los contagios se cuentan de a decenas, incluso se ha perdido la vida de un trabajador, y no paró de trabajar un día desde el comienzo de la pandemia.

Rigolleau, otra planta de vidrio perteneciente a la misma patronal, que cuenta con tres obreros fallecidos según denuncian sus trabajadores y todo tipo de faltas en las medidas sanitarias, también sigue trabajando normalmente. Lo mismo las plantas Ternium Siderar-Canning, donde falleció un obrero recientemente, y Ternium Siderar-Varela.

Junto con la falta de cumplimiento de medidas sanitarias en muchos establecimientos industriales, la presión patronal para que los trabajadores pertenecientes a grupo de riesgo vuelvan a trabajar pone en peligro sus vidas. A esto se suma el retraso de la vacunación que llevó al paro a gremios marítimos, así como al reclamo y movilización de choferes de colectivos.

Los estragos de la segunda ola de contagios de Covid, que colocó a la Argentina en el puesto número uno de fallecimientos por millón de habitantes, tiene como responsable al gobierno nacional en primer lugar, y también a los gobernadores e intendentes, que cumplen con los reclamos patronales de mantener la producción a costa de la salud y la vida de los trabajadores y sus familias.

Al borde del colapso sanitario, el confinamiento ultralimitado, improvisado y sin recursos, resuelto por parte del gobierno, es una bomba de tiempo a medida de los intereses capitalistas.
Los trabajadores debemos reclamar la vacunación masiva partiendo de la incautación de las vacunas producidas en el país, la ampliación de camas de terapia intensiva y la producción de respiradores sobre la base de la reconversión industrial, así como la centralización de todo el sistema de salud cuando nos acercamos en muchas distritos a la ocupación plena de camas de terapia intensiva.