La novedad de la paritaria del subte -aún no concluida- es que mientras la totalidad del cuerpo de delegados aprobó una propuesta salarial, adelantada por la UTA, de 32 por ciento de aumento en todos los ítems, no sucedió lo mismo con el reclamo de que la patronal reintegre el 100 por ciento del impuesto al salario.

Ese punto del pliego de la AGTSyP, aprobado en su momento por unanimidad, dividió las aguas cuando el pianellismo echó para atrás, con el argumento de que Metrovías y el gobierno de Macri se negaron a tratarlo. Diez sectores de la oposición votaron por insistir y no firmar sin ese punto, contra veinte sectores con delegados disciplinados al oficialismo.

La inconsistencia de estos “mandatos” quedó al desnudo cuando el día del paro general, con ese tema como uno de los centrales, no vino a trabajar nadie. Es que el impuesto hace estragos en más de mil trabajadores del subte, con descuentos que llegan a los 3.600 pesos mensuales. Se perderá la oportunidad de una lucha que puede hacer punta en todo el movimiento obrero.

Más en general, la situación en el subte se caracteriza por una pausada pero sistemática política del macrismo de regimentación laboral, con vistas a aplicar un plan de flexibilización y ajuste, que la conducción kirchnerista de la AGTSyP ha decidido no enfrentar.

Dos ejemplos: la empresa anunció una instalación masiva de máquinas de recarga de Sube, como parte de un plan de polifunciones, que incluirá la eliminación de los guardas -el conductor manejará las puertas- y el aumento de la frecuencia con igual cantidad de personal -reducción de descansos. Lo mínimo a plantear es el rechazo de cualquier sistema, automatización incluida, que no forme parte de un plan conocido de desarrollo del subte, en materia de extensión, frecuencia, francos y el personal necesario para cubrirlo. Ese planteo no existe en la directiva.

Otro: decenas de delegados y activistas desfilan constantemente por los tribunales por la cantidad de juicios contra ellos, basados en las clausulas antigremiales de la ley (4472) de traspaso del subte, aprobada por macristas y kirchneristas, con la colaboración de la actual conducción de AGTSyP, que penalizan entorpecer el servicio o la recaudación (art. 23).

La comisión directiva es incapaz de salir a frenar esta extendida represión y judicialización de la lucha. Se limita a un defectuoso asesoramiento legal. Lo que está planteado es la resistencia a cada golpe por parte del activismo combativo y la superación de la conducción por medio del desarrollo de la oposición clasista.