Desde hace meses, en el subte se vienen sucediendo sistemáticamente las sanciones arbitrarias en casi todos los sectores y el procesamiento judicial de delegados y activistas por medidas gremiales.

Se trata de una ofensiva del macrismo que busca quebrar la resistencia de los trabajadores al plan patronal de flexibilización. Un plan que contempla eliminar al boletero y reemplazarlo por máquinas, crear conductores múltiples que abran las puertas, eliminando al guarda y tercerizar el mantenimiento a expensas de la reducción o desactivación de talleres propios.

Primero fueron las campañas para ensuciar a los “metrodelegados” y arrojar a los pasajeros contra los trabajadores. Luego vinieron las sanciones, las multas y los procesos; hay delegados y activistas desfilando todos los días por tribunales por haber tomado medidas de acción gremial.

Pretenden volver a la dictadura patronal que fue derrotada, en su momento, por el histórico cuerpo de delegados que erradicó despidos y sanciones arbitrarias.

La actual conducción no reacciona, no toma una sola medida ni emprende una campaña contra esta persecución intolerable. Tiene la cola de paja porque formó parte, junto al bloque K de la Legislatura, de la redacción de la ley PRO de traspaso del subte, que es la base de esta represión.

Su artículo 20 establece que las medidas gremiales deben ser anunciadas con 48 horas de anticipación y el 23, habilita multas “a los que interfieran con la recaudación o con el servicio”.

Es urgente, en nombre de la defensa de la organización gremial y de los métodos conquistados por los luchadores del subte, parar en seco estas campañas represivas, que afectaron desde compañeros que hicieron un acto por los presos de Las Heras hasta trabajadores que faltaron por donación de sangre y a compañeros de estaciones que se negaron a trabajar en condiciones de riesgo de vida.

Se requiere una campaña pública y un plan de lucha por el cese de las persecuciones y por la derogación de la legislación que permite estas arbitrariedades.