El tribunal de segunda instancia, la Sala VII de la Cámara Nacional en lo Criminal, revocó el sobreseimiento dictado por el juez Gorostiza que absolvía al personal jerárquico de Metrovias por la muerte de Diego Martínez, trabajador de la línea D del subterráneo.  Al menos seis directivos deberán presentarse a indagatoria imputados por este “homicidio”.

La pericia sobre la soldadora que utilizó Diego el día que recibió la descarga eléctrica que terminó con su vida demostró que estaba en mal estado y que su cable de conexión empalmaba en forma “precaria”, “defectuosa” y “riesgosa”.

Este nuevo fallo es un nuevo golpe a Metrovías, y ratifica las denuncias de los trabajadores que señalaron que se trató de un crimen anunciado como consecuencia de las condiciones deplorables y la inseguridad laboral.

Luego de meses de investigación y debates de los delegados y trabajadores sobre la inseguridad en los lugares de trabajo y a raíz de los múltiples accidentes laborales y de la pérdida de cuatro vidas en los últimos cinco años, se llegó a la formulación de un protocolo de seguridad para el trabajo en tareas de alta tensión eléctrica y se reclamó a la patronal que garantice su aplicación en defensa de la integridad de la vida de los trabajadores.

Este reclamo provocó un cimbronazo en las altas esferas de la empresa y llevó a la intervención de los organismos de control del Estado. Las primeras recorridas de la policía del trabajo en los talleres y sectores de trabajo con tensión evidenciaron en las actas labradas la precaridad reinante. Metrovías fue intimada a implementar las normas de seguridad que pueden llevar a multas por incumplimiento. 

Esta semana se fijaría la fecha de reunión en la Subsecretaría del Trabajo para el tratamiento de las demandas de los trabajadores de los talleres. 

Metrovías y todos los gobiernos que mantuvieron la concesión de esta empresa parasitaria son responsables por la falta de inversiones que sigue empeorando las condiciones de seguridad general y que ponen en riesgo la vida de trabajadores y pasajeros.

El lucro empresarial ha convertido al subte en un lugar de alta siniestralidad. La seguridad laboral requiere una respuesta firme e inmediata de los trabajadores, única fuerza social capaz de defender un subte seguro para usuarios y trabajadores.