Convocada por la AGTSyP (gremial de trabajadores del subte), se realizó una nutrida reunión de organizaciones solidarias en su sede. Su composición fue de  representaciones sindicales de la izquierda incluyendo  algunas expresiones importantes de sectores en lucha, como las del INTI, AGD-UBA o Télam. Pero la inasistencia de sindicatos o dirigentes del kirchnerismo -al que adhiere la conducción del subte- dio la pauta de la ausencia de todo propósito de organizar una respuesta más general a la ofensiva del gobierno. Son los que en recientes  conferencias de prensa llenaron el mismo local, como  Yasky, Baradel, López, y Tomada, que ahora brillaron por su ausencia. No hubo nadie de los sindicatos porteños “del palo”, como ATE Capital, docentes de UTE o judiciales de Sitraju, pese a que vienen de realizar un par de movilizaciones conjuntas contra los topes salariales   en sus paritarias. 

El  informe de la mesa dio cuenta de casi dos meses de conflicto, con sucesivas oleadas de apertura de molinetes con oferta de café y jugos a los pasajeros y pequeños paros parciales en horarios no pico. Se basaron, dijeron, en encuestas que evidenciaban un alto apoyo de los usuarios, que caía verticalmente cuando paraban todo el subte, como sucedió cuando el martes 22 la fuerte represión policial y la detención de trabajadores obligaron a paralizar  todo el servicio hasta la liberación de los mismos. Pero no se necesitan  encuestas para concluir que al trabajador, en tanto usuario,  le complace viajar gratis y le molesta no poder viajar.  El método alimenta los prejuicios antisindicales tipo Vilouta: que la lucha no moleste. Apuntala toda una posición política conservadora. La que dice que no es tiempo de huelgas, que si no hacemos olas nos permitirán conservar el lugar que hoy tenemos. Un error suicida.

Explicaron, además, que  eludir los paros  tiene otra “ventaja”, evitar la amenaza de la  calificación, por parte del Ministerio de Trabajo, del subte como “servicio esencial”, lo  que convertiría en legales los eventuales despidos.

Pero el informe tuvo una gran falencia, el balance de los resultados del plan de acción. Importante, dado que en dos meses no solo no se avanzó sino que  se retrocedió muchísimo. No sólo han permanecido herméticamente cerradas las puertas de la empresa y el gobierno para el sindicato, sino que el ataque se ha incrementado ininterrumpidamente. 170 sancionados hasta con 29 días de suspensión; trámites de desafuero a delegados y directivos para despedirlos; represión policial en el túnel con detenidos; capacitación de carneros para romper los paros. Y como si no bastara, ahora se informó que el Ministerio de Trabajo y el Banco Central han instruido a los bancos para que no acepten pagos de cuotas sindicales y a las empresas para que tampoco puedan debitarlas en caso de gremios con simple inscripción (sin personería gremial). Hasta el decreto de servicio esencial, se dijo, ya está escrito. También se mencionó que esta guerra contra los “metrodelegados” está vinculada a las exigencias de las empresas que se harían cargo de la próxima concesión.

Un balance de este tipo, que debe partir de que el gobierno se propone liquidar a los luchadores del subte y sus conquistas (“a no dejar piedra sobre piedra” precisó Pianelli),  es el que debería orientar a un cambio en el  enfoque del plan de acción.  

Varias organizaciones presentes se pronunciaron por el paro activo nacional y el plan de lucha, incluso haciendo referencia a las enormes dificultades que atraviesa el gobierno y a la capacidad de reacción de los trabajadores, demostrada, entre otros datos, por la Marcha Federal de ese mismo día.  Pero no pasaba por ahí la agenda de la reunión. La conducción se limitó a solicitar el apoyo económico de los presentes y su concurrencia (sin banderías políticas) a los cortes de molinetes. Y a los túneles, “si se llegara al extremo de un paro total y a encerrarnos abajo, como lo hacíamos en el pasado,  circunstancia que se tratará de evitar por todos los medios”.

La conclusión de la Agrupación Naranja es que hay que dar un volantazo y  pasar a otro nivel de la resistencia. Por supuesto, no sin la preparación necesaria. Que una asamblea general, con cese de tareas para que concurran todos, ponga 2700 trabajadores en pie de lucha. Las aperturas de molinete que involucran a no más de 80 a 100 delegados y directivos no dan para más. Que AGTSyP convoque a un congreso de delegados de gremios de la capital para votar un plan de lucha común de verdad. 

Levantamiento de sanciones y juicios. Paritaria de la AGTSyP. Devolución de la personería gremial.