Sindicales

7/6/2018

Subte: una resolución judicial positiva con limitaciones

Asamblea general para decidir los pasos a seguir.

El fallo judicial que ordena reabrir la paritaria de los trabajadores del subte por un lapso de 60 días e incorporar a las negociaciones a los integrantes del sindicato (AGTSyP), es una desautorización al gobierno porteño que, en coalición con la patronal de Metrovías y la UTA, había suscripto un acuerdo miserable del 15% en tres cuotas para todo el 2018.


La resolución también establece que la patronal deberá dejar sin efecto las sanciones aplicadas contra los trabajadores y delegados por las medidas de fuerza que fueron realizadas en este último período en reclamo de un 25% de aumento en los salarios y que se incorpore a la AGTSyP a la paritaria. Y prohíbe cualquier intento de utilizar carneros para quebrar el derecho de huelga.

Asimismo, es un golpe a la injerencia de los gobiernos nacional y de la Ciudad en la libre organización de los trabajadores y al intento de ilegalizar el sindicato del subte que cuenta allí con una mayoría abrumadora de afiliados respecto de los que responden a la UTA. 


Pero la resolución del juez de Garantías tiene su contrapartida, saludada por el oficialista Clarín, de que los trabajadores del subte estarán imposibilitados de realizar cualquier medida de lucha durante los 60 días que duren las negociaciones. 


Es decir que se pretende atar de pies y manos a los compañeros durante un lapso de dos meses, con una inflación galopante y un resultado incierto en las negociaciones. Una “paz social” impuesta judicialmente. 


Además, suma a las negociaciones a la burocracia de la UTA, es decir que la mantiene como representante pese a que su peso en el subte es absolutamente minoritario.

Rodríguez Larreta adelantó que el gobierno de la Ciudad va a apelar el fallo, lo que preanuncia que no habría mesa de negociación, al menos en el corto plazo.

Ante este cuadro, la Agrupación Naranja del Subte llamó a “no bajar los brazos en una tregua que se nos impone” y a “mantener el alerta”. 


Planteó que “no puede haber mesa alguna si no se levantan las sanciones y juicios de desafuero” ya que no se debe negociar bajo coacción. 


Propone una amplia deliberación y organización entre todos los trabajadores del subte respecto del plan a adoptar ante la nueva situación. Y que se convoque a una asamblea general, que sea la máxima instancia democrática y como demostración de que cualquier negociación encuentre a los trabajadores de pie y movilizados.