Desde hace más de un mes los trabajadores de la cadena de supermercados Luque vienen luchando por el cobro de los salarios atrasados. El conflicto se desató a partir del anuncio de la patronal que no podría abonarlos en tiempo y forma. Los piquetes frente a Casa de Gobierno por parte de los empleados llevaron a una solución provisoria: el pago del mes de mayo y la gestión por parte del gobierno provincial para conseguir un crédito "blando" para la empresa.

Sin embargo, desde el levantamiento de las medidas de fuerza, la patronal no ha hecho más que avanzar contra las conquistas de los trabajadores. Esto se ha manifestado en primer lugar en la convocatoria al recurso preventivo de crisis que habilita a despedir a menor costo. En segundo lugar, declarando que buscarían vender varias de las sucursales. Como prueba piloto, en Famaillá han anunciado que un empresario local se haría cargo del supermercado, pero como condicionante buscan la renuncia de parte de los trabajadores de la sucursal.

Ante este cuadro crítico, los empleados han montado un verdadero control obrero sobre los ingresos de la empresa, custodiando los caudales y la recaudación de las sucursales. Denuncian que tuvieron que tomar esa decisión para evitar el vaciamiento de la empresa o el desvío de fondos para otros emprendimientos comerciales de la patronal. Los trabajadores de la firma del empresario Emilio Luque comprenden que la plata con la que deben pagarles no tiene mejor tutela que una “medida de acción directa para que se nos garantice el pago de los sueldos”, en palabras de Miguel Zelaya, delegado y vocero de los trabajadores. Según el delegado, se les adeuda la totalidad de los sueldos de junio a los 1.200 trabajadores que se desempeñan en los locales de Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero. "Nos deben junio completo y ya se acerca la fecha para que nos abonen julio, y estamos muy preocupados, porque Luque nos adelantó que la única manera de que cobremos será si se vende la empresa", apuntó. En el caso de Santiago del Estero, los trabajadores han anunciado hoy un paro por 48 horas ante el cierre de la sucursal mayorista en la provincia y la “reubicación” de sus empleados. Las medidas deberían ser apoyadas y promovidas por el sindicato SEOC (Empleados de comercio), que debería oficiar de defensor de los salarios y puestos de trabajo. Pero ocurre exactamente lo contrario: el Sindicato entregó una paritaria vergonzosa en cuotas hasta el 2020 y hoy cierra la boca ante esta situación porque está copado por una burocracia que es socia política y económica del ajuste; dejando pasar un cuadro de explotación y precarización escandalosa en los comercios de la provincia y participando con acoples manzuristas como quedó demostrado en las pasadas elecciones con la candidatura de Roque Brito, secretario general del SEOC.

La crisis de Luque es la punta del iceberg de un descalabro económico más general en una provincia donde van emergiendo los conflictos: En el Ingenio Concepción (propiedad de la misma firma) los trabajadores reclaman la quincena de julio y un 40% de aumento con un paro de 48hs. que inició el día 23 de julio. Hace días despidieron a 15 trabajadores de una transportista (Hacha de piedra) y los despidos en las tercerizadas de EDET (Empresa de Energía) son moneda corriente.

El Estado, que es responsable de toda esta situación, pretende desentenderse de la responsabilidad en “la crisis” como si fuese un sujeto aparte. Sin embargo, los trabajadores estatales son víctimas de la peor precarización, con contratos de pocos meses sin vacaciones ni garantías, lo que ha quedado manifestado en la jornada de hoy ante la tentativa de no-renovación (despido encubierto) de varios trabajadores dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. Esto se suma a que el Estado provincial, en sintonía con el macrismo, es artífice de tarifazos en servicios, la desocupación, la aprobación de leyes de flexibilización laboral, el robo a los jubilados y el aumento grosero y continuo del boleto de transporte.

La gran iniciativa de los trabajadores de controlar la tesorería de la empresa es elemental para exigir además la apertura de los libros y demostrar el desfalco y malversación de fondos destinados a los sueldos de miles de trabajadores. Desde el Partido Obrero planteamos: apertura de todos los libros contables de la empresa. Que se garanticen el cobro de sueldos adeudados y las fuentes de trabajo de todos los empleados de la firma. Ningún plan para salvar a los empresarios. Expropiación sin indemnización de las sucursales bajo control de sus trabajadores. Todo el apoyo a los trabajadores de supermercados Emilio Luque.