El pasado 5 de noviembre, las burocracias de Suteba y de Feb realizaron un congreso de aparato, absolutamente proscriptivo. Yasky y Martín lo presentaron, sin embargo, como un congreso “histórico”.

Del inicio al fin, el congreso fue una grosera manipulación, conformado por una representación trucha que garantizaba la supremacía del aparato burocrático (la Feb carece de congresales en su organización interna), que abordó un temario impuesto por las conducciones burocráticas del Suteba y de la Feb (por lo tanto, los congresales carecían de mandato) y que fue una verdadera ficción, en primer lugar porque ni siquiera abordó la “continuidad” del “plan de lucha” del Frente Gremial.

Pero, además, fue un congreso de “unicato”, en este caso, bicéfalo.

Antes de inciar los debates en las nueve comisiones en las que se dividió el congreso (con un larguísimo temario pedagógico sobre problemas y necesidades ultra conocidas por toda la docencia), la burocracia debió hacer aprobar un régimen de funcionamiento. Algo inevitable, porque el congreso era anti-estatutario. El reglamento propuesto planteaba que en la discusión plenaria sólo se considerarían las posturas de mayoría, y que las minoritarias sólo se considerarían si se alcanzaba el 25 por ciento de los votos de cada comisión.

La maniobra era más que burda. Cuando los congresales llegaban al congreso ya estaban distribuidos en comisiones (los representantes de la Feb tenían sus acreditaciones colgadas en sus cuellos desde que bajaban del micro; no se las dieron ni siquiera en la mesa formal de acreditaciones). Por supuesto, los delegados de la oposición fueron distribuidos de tal forma que en nin-gu-na comisión llegaban, jamás, al 25 por ciento.

Para la burocracia, no sólo había que ganar: había que acallar a la oposición por todas las formas.

En este único momento del congreso, el único en el que se podía hacer uso de la palabra libremente, un compañero de la directiva del Suteba Sarmiento impugnó todo el andamiaje del congreso, su carácter antidemocrático, su función distraccionista, y propuso colocar en primer punto el debate de la continuidad del plan de lucha con paros progresivos, la convocatoria a un congreso provincial de delegados con mandato, y que todas las posturas surgidas de las comisiones fueran puestas a debate general del plenario.

Además, la Comisión de Poderes, que establecía la legitimidad de los congresales, estaba conformada únicamente por la burocracia.

Reventar el estatuto, y municipalización

En estas condiciones, las 26 carillas del farragoso documento que la burocracia puso “en debate” fueron aprobadas por la mayoría amañada de Yasky y Martín, prácticamente sin modificaciones.

En las comisiones, los que hablaban en disidencia, por menor que ésta fuera, eran censurados. Si algún descarriado de Suteba o de Feb hacía causa común con alguna de las propuestas de los congresales opositores, eran llevados a un costado para “ponerlos en caja”.

En las propuestas burocráticas, llenas de “neoliberalismo”, “políticas privatistas de la educación”, “exclusión social”, “mercado”, “poder financiero”, responsables de la destrucción educativa, no se menciona, ni una sola vez, al gobierno de Kirchner ni al de Solá. En ningún renglón se enfrenta al plan educativo 2004-2007 de la Provincia de Buenos Aires. En ningún momento los documentos planteaban la defensa del estatuto docente (fue agregado a instancia de los planteos de la oposición en una de las comisiones). En ningún lado se habla de plan de lucha.

En el documento político de apertura del congreso, las consignas más radicalizadas (y las únicas) son “por el derecho social a la educación y la escuela pública”; “por la dignidad docente”, “por nuestros derechos” y “por la unidad y lucha del Frente Docente Bonaerense”.

Pero el “vaciamiento” político debía acompañarse de la vulneración de la deliberación y de las resoluciones democráticas, porque en medio de tanto palabrerío centroizquierdista la burocracia hizo pasar resoluciones brutales contra la docencia.

En primer lugar, hizo votar paritarias, para abrir “convenciones colectivas de trabajo” a fin de discutir “toda propuesta vinculada a derechos laborales, salariales, condiciones de trabajo, que se realice en un espacio institucional de discusión con representantes de los trabajadores de la educación y del gobierno” (Comisión de Trabajo Docente y Derechos Laborales). Pero la única “propuesta” en discusión es la que planteó Solá, en su Proyecto Educativo 2004-2007. En ese proyecto, Solá pide a gritos un “trabajo conjunto entre la Dirección General de Escuelas, la Legislatura y los gremios para acordar reformas necesarias al Estatuto Docente”, paso previo a la municipalización y a la privatización de la escuela pública, que ya hemos denunciado en estas páginas . Había que aplastar toda expresión disidente, para evitar que la propia base de la burocracia se percatara de que votó por la defensa del estatuto y al mismo tiempo por su desmantelamiento. Más aún, la sola discusión de convenios colectivos habilita inmediatamente a la derogación de los estatutos especiales, entre ellos, el docente.

En segundo lugar, la burocracia resolvió un aval explícito a las reformas antieducativas pasadas y a las que vendrán, como lo hizo con la Ley Federal de Educación. Mientras su propia base burocráticamente manipulada creía que estaba en medio de un congreso contra los “neoliberales y privatistas”, Yasky y Martín hicieron aprobar “la revisión de la reforma educativa, (la) evaluación de las políticas de gobierno respecto de su responsabilidad constitucional de garantizar el derecho social a la educación” (Comisión sobre Esceuela Pública y Derecho Social a la Educación). Suteba y Feb proponen “conversar” con Solá la municipalización, no abortar su reforma educativa.

En tercer lugar, cuando Solá ha salido con los tapones de punta contra la educación especial, amenazada prácticamente de desaparición, esta misma comisión, con el lenguaje perverso y confuso para el que Yasky y su séquito son verdaderos profesionales, se expidió porque “la integración de alumnos con alguna discapacidad es una estrategia válida que no puede aplicarse en forma generalizada”, cuando el conjunto de la docencia rechaza la resolución 2543 que plantea la inclusión masiva de los chicos con discapacidades en la escuela común. Otra vez, el verso de que es progresivo, siempre y cuando… están dadas las condiciones adecuadas (antes decían que la Ley Federal era progresiva si iba con fondos, y si se la aplicaba correctamente).

Y en cuarto lugar, y sólo a modo de sumar otro ejemplo, la burocracia definió cuál es su idea de “Estado popular”: aquel que garantice “una mejor y mayor recaudación”, porque en ese marco “una redistribución del ingreso es posible” (Comisión sobre Financiamiento Educativo).

Con estos aprendices de brujo, Solá no necesita de funcionarios. Yasky y Martín se candidatean para ser parte del gobierno de la educación, es decir, ser co-autores de las políticas de un Estado que, en ese caso, por la presencia de Suteba y de Feb, se transformaría en un “Estado popular”.

Si algo faltaba para dejar bien en claro que la burocracia de Feb-Suteba será el personal que aplicará junto con el gobierno Kirchner-Solá su política de destrucción y privatización de la escuela, Yasky y Cía le piden a Solá “participación” y “protagonismo”, con “las organizaciones sindicales en el diseño y la reformulación de las políticas educativas, enmarcadas en otro proyecto de país posible (!¡) con autonomía nacional, justicia social y democracia real” (Comisión de Democratización del gobierno y de los procesos del sistema educativo).

Yasky y Martín le piden a Solá participar de la municipalización, para lo que reclaman “fortalecer los consejos escolares como ámbitos de participación popular” y promover “instancias de diálogo público a nivel de los consejos escolares de las organizaciones sociales de la comunidad para la elaboración de diagnósticos y el establecimiento de prioridades locales” (ídem). Es decir, un diálogo con la Iglesia, con las Pymes, no para re-nacionalizar la educación, sino para privilegiar “prioridades locales”, es decir, municipales.

Efectivamente, el congreso fue “histórico”. La burocracia de Suteba-Feb se ha unido para avanzar en su directa integración al aparato del Estado “privatista” y “neoliberal”.

Denunciarlo y superarlo

La oposición antiburocrática del Suteba repudió el congreso. Está plantada la necesidad de denunciar ante el conjunto de la docencia este engendro antiobrero, que avala a la burocracia para entregar el estatuto y dejar pasar, con su concurso, las nuevas reformas “educativas” de Kirchner-Solá.

Pero está más que nunca planteado superar a la burocracia.

Otro dato que hace incuestionable la necesidad de sacarse de encima esta lápida para los docentes es que el “histórico congreso” no convcó ni al paro aislado de un día que había votado el plenario de secretarios generales, porque están a la espera de la respuesta de Oporto a los planteos de Suteba-Feb.

Pero, además de la denuncia, es necesario actuar.

Resulta imprescindble que los Suteba de oposición convoquen a un verdadero congreso, a un plenario provincial de delegados con mandato para discutir un plan de lucha y cómo enfrentar la política de la burocracia celeste-azul y blanca y de la Feb, que ha pasado abiertamente al campo de los explotadores.