Hace ya seis meses que los obreros de Loimar comenzaron su acampe en las puertas del municipio de Tandil para reclamar el pago de sueldos adeudados y defender sus puestos de trabajo.

En marzo, en una entrevista para nuestro periódico, los delegados fabriles se mostraban optimistas respecto del arbitraje que haría el Ministerio de Trabajo en el conflicto. La mesa de diálogo entre el Estado, la empresa y los trabajadores –programada después de que estos reclamaron al ministro en su visita al Parque Industrial local-, fue postergada sin fecha concreta debido a que la patronal se encontraba de duelo.

La cuarentena dejó a los trabajadores de la fábrica de ladrillos sin la posibilidad no sólo de mantener el acampe sino también de salir a realizar changas para ganar un sustento, cuando llevan ya seis meses sin cobrar sus salarios.

Hay que resaltar que los trabajadores de Loimar vienen resolviendo cada paso en asambleas. En la pelea por el pago de los salarios adeudados y la defensa de los puestos de trabajo, los obreros han reclamado a la patronal el reparto las horas de trabajo disponibles.

El delegado Alberto Algañaraz comentó al diario El Eco (16/4) que llamó al dueño “para ver si nos podían facilitar algo de dinero del que nos están debiendo y no contestaron el teléfono. Tampoco me devolvieron la llamada". Luego, sentenció que “vamos a seguir con la protesta y ojalá podamos seguirla pacíficamente, pero no sé cuánto más vamos a poder aguantar. Ya tenemos una situación de seis meses y creo que alguien tiene que aplicarle un correctivo a la empresa”.

El Estado tampoco da respuesta. Este es el cuadro que se vive en todo el país en plena pandemia, con 45.000 despidos declarados y otro tanto de suspensiones, y miles de trabajadores con rebajas salariales. Los capitalistas, con la complicidad del Estado y las burocracias sindicales, descargan la crisis sobre las y los trabajadores.

Desde el Partido Obrero apoyamos la lucha de los trabajadores de Loimar contra la desidia de la empresa y la complicidad del Estado que sigue sin intervenir. Es otro ejemplo de la necesidad de ocupar toda fábrica que cierre o despida masivamente.

Hay que parar esta sangría. Más que nunca, es necesario recuperar los sindicatos para imponer la efectiva prohibición de despidos, suspensiones y rebajas salariales; un seguro al desocupado de 30.000 pesos; la inmediata asistencia alimentaria e higiénica a las familias de los barrios populares; y que el Estado garantice el cobro íntegro de los salarios.