Una movilización convocada por la UOM en Rio Grande, Tierra del Fuego, el 26 de octubre en defensa de la industria de la isla, congregó entre 4 mil y 6 mil trabajadores y se convirtió en la más masiva que se recuerde. El detonante de la marcha fue la eliminación del arancel del 35% para la importación de PC's, notebooks y tabletas, dispuesta por el gobierno y prevista para marzo de 2017. El gobierno esgrime como argumento que se pagan precios más caros por productos que nacen desactualizados y ofrece, como alternativa, un plan de reconversión productiva. Este se centraría en pesca, turismo, energía renovable -de turbales y eólica- y, en una escala menor, la ampliación del puerto de Ushuaia.

 

La “reconversión” sin embargo, sería pagada por los trabajadores: según el gobierno, en lo inmediato se prevé la pérdida de no menos de 1.000 puestos de trabajo, 500 de ellos en Tierra del Fuego. La UOM y las cámaras empresariales elevan esa cifra a más de 10.000 en todo el país. Esto en una provincia que arrastra 2.000 despidos en la industria en el lapso de un año.

 

Para el gobierno se trata del banco de prueba de una estrategia nacional -el Plan de Transaformación Productiva.

 

El régimen actual

 

En Tierra del Fuego se constituyó una zona franca y un régimen que permitió zafar de todo tipo de industrialización genuina. Los fabricantes no pagan IVA, Ganancias ni derechos de importación, lo que les permitió instalar plantas de ensamblaje donde el armado, en lugar de realizarse en China, Japón o Corea del Sur, se hace en la isla y luego se envía al resto de la Argentina pagando un 35% de arancel, lo que explica (sólo en parte) la diferencia con su precio en otras partes del mundo. Una resolución del Ministerio de Industria bajo CFK del año 2009 (245/09), prolongó este parasitismo: “un teléfono celular debe ser considerado de industria nacional cuando los insumos argentinos utilizados en su fabricación son el manual del usuario, los folletos del producto, la tarjeta de la garantía, las bolsas plásticas, las cajas, los materiales de embalaje y las etiquetas”.

 

Ajuste y los nuevos amigos del poder

 

Pero lo que el gobierno propone en lugar de este régimen es tierra arrasada para la clase obrera y nuevos negocios para el círculo del poder. En el plan “alternativo” que presenta no existe una sola iniciativa que suponga emplear a la mano de obra que hoy trabaja en lo que llama los “galpones vacíos”. Todo es cosmético. La ampliación del puerto descarta la instalación de maquinaria que genere el empleo de mano de obra permanente, las energías no renovables suponen empleo mínimo, la comunicación con la isla es una travesía, ni hablar de producir memorias o baterías de litio, o sea, de una integración de la industria electrónica.

 

El gobierno prevé subsidios para las empresas que emprendan una reconversión ante la baja de aranceles y, por otro indemnizaciones “para los empleados despedidos de industrias que se hubiesen declarados imposibilitados de encararla” (Ámbito, 15/11). A ellos, se les ofrece un seguro de desempleo ampliado a por lo menos un salario mínimo (7.560 pesos).

 

Ni un despido

 

La movilización de los fueguinos de Río Grande se hizo bajo las banderas de “defensa de la industria nacional” y rechazo al “centralismo autoritario” buscando, por un lado, un frente con el empresariado afectado y, por otro, un acuerdo parlamentario.

 

Es una orientación que lleva a un impasse. Las cámaras empresarias están negociando una salida “gradual” en base a una proporción de partes ensambladas o producidas en el país, que no impedirá la ola de despidos. El Congreso está dominado por las fuerzas cómplices de las ensambladoras. El costo de una reconversión debe ser asumido integralmente por las patronales, que acumularon beneficios extraordinarios durante las décadas de la “promoción”. Ello significa: ningún despido, apertura de los libros de las empresas, y una reconversión debatida y dirigida por la mayoría trabajadora de la isla en un congreso de trabajadores.