En uno de los primeros decretazos del año, Kirchner creó una nueva versión del Consejo Consultivo, el cual, capitaneado por Alicia Kirchner, integra a la UIA y las cámaras patronales, la Iglesia y las ONGs, y pretende hacerlo también con el “mayor número de organizaciones piqueteras” ( Clarín, 24/1). En paralelo al pacto CGT-UIA para contener los reclamos salariales, se monta un organismo de colaboración de clases que pretende convalidar el congelamiento de la remuneración de los planes de empleo y reconvertir a sus beneficiarios en mano de obra cuyo salario no sobrepase los 300 pesos. Con Casaretto a la cabeza, la Cámara de la Construcción y la Sociedad Rural están interesadas en “braceros” baratos, que hoy mismo trabajan por piezas en el ajo, en la cebolla, en el citrus y tantas otras tareas rurales, al igual que en infinidad de obras en negro en la construcción.

 

Recientemente, en Berrotarán, Córdoba, se ha montado una textil con exenciones impositivas y el conchabo de compañeros a 220 pesos mensuales por 55 horas semanales. Para el FMI y el Banco Mundial, esto representaría una aplicación eficiente del gasto social destinado al millón setecientos mil beneficiarios del plan Jefas y Jefes y PEC (y todas sus réplicas provinciales).

 

Este planteo lo apoya Carrió, en total sintonía con la Iglesia, al igual que la Mesa Social del congreso de la UCR, y de eso se trata la “universalización” a la que se refiere permanentemente la ex ministra Patricia Bullrich.

 

En oposición a esta política de superexplotación que compite abruptamente con los obreros que luchan por aumento salarial, la ANT reclama el aumento y universalización de los planes. Seguro para todos los desocupados equivalente al 80% del salario mínimo. Reparto de las horas de trabajo y reducción de la jornada laboral a seis horas. Plan masivo de obras públicas y viviendas populares bajo gestión de los trabajadores, mediante bolsas de trabajo gestionadas por las organizaciones obreras y piqueteras.

 

A estos planteos se han sumado las asambleas populares de San Telmo, el Movimiento Libres del Sur, la UDL tucumana y Madres por la Vivienda. Hemos abierto el debate con los compañeros del Frente Popular Darío Santillán (con quienes compartimos la Comisión Independiente por el Juicio y Castigo del Puente Pueyrredón) y lo hacemos hacia todas las organizaciones, grandes y pequeñas, de todas las provincias.