Con la firma de los diputados Romina Del Plá y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda-Unidad, se acaba de presentar un Proyecto de Resolución para defender integralmente a los 3.000 trabajadores (entre efectivos y tercerizados) que podrían verse afectados por la decisión intempestiva del holding Latam de abandonar sus operaciones de cabotaje.

El mismo repudia la “imposición de ‘retiros voluntarios’, que son en realidad una extorsión patronal mediante la cual la empresa amenaza con profundizar un vaciamiento y eventual cierre de la aerolínea y repudia el Procedimiento Preventivo de Crisis solicitado por Latam como parte del mismo operativo. E insta al Poder Ejecutivo Nacional “a garantizar la continuidad laboral y el cobro integral (al ciento por ciento) de los salarios del total de los trabajadores de Latam, independientemente de su modalidad de contratación, garantizando que no se efectúe ningún despido, ni rebaja salarial, ni modificación de convenios”. Y al mismo tiempo plantea que el gobierno “debe arbitrar todas las medidas necesarias en defensa del servicio de navegación aérea del país, preservando todos los aviones argentinos que posee la empresa Latam Argentina y absorbiendo las rutas nacionales e internacionales que opera actualmente la empresa, al tiempo que garantiza integralmente los puestos de trabajo”.

En sus fundamentos el proyecto plantea que Latam “decidió unilateralmente reducir los salarios un 50%, a pesar de la intimación del Ministerio de Trabajo a su pago íntegro”. Que habiéndose presentado pidiendo un Procedimiento Preventivo de Crisis “no expone sus libros contables para demostrar la necesidad de tal recurso y contradictoriamente anuncia que se retira del país, pero pretende conservar la concesión de las frecuencias otorgadas por el Estado nacional tanto en cabotaje como internacional”.

Que “ha lanzado una campaña de rumores y amenazas sin precedentes, tratando de sembrar el miedo entre sus propios trabajadores, forzándolos a firmar consentimientos renunciando a sus derechos adquiridos, configurándose una extorsión colectiva, en la que desde su CEO a los mandos gerenciales manifiestan con preocupante impunidad que si deben burlar las leyes no dudarán en hacerlo” y que “horas antes de presentar un recurso de acuerdo al capítulo 11 de la Ley de Bancarrota en Nueva York, sus accionistas, presurosos, se distribuyeron dividendos por casi 60 millones de dólares “.

El Proyecto demuestra que no somos los trabajadores ni la pandemia los responsables de la crisis que alega la empresa, ya que son públicas sus ganancias por 500 millones de dólares en los últimos 3 años y una liquidez de 1.300 millones suficiente para afrontar la caída de sus operaciones.

Latam se encontraba en crisis mucho antes de la pandemia, resultado de un endeudamiento que es investigado por pedido de los propios accionistas y que tiene envuelto en un escándalo al presidente chileno Piñera. Son públicas las reiteradas condenas en distintos tribunales internacionales y el propio reconocimiento de delitos por sobornos a funcionarios y dirigentes gremiales en todos los países donde opera. Ya en 2019 las acciones de Latam habían perdido un 50% de su valor.

El coronavirus aceleró los tiempos pero también es utilizado como excusa para producir una masacre social. En ese aspecto el proyecto denuncia “el santo y seña de la patronal de este conglomerado internacional es la defensa de la ‘salud financiera del Holding’. Para estos menesteres han despedido a 5.000 trabajadores en toda la región (Chile, Paraguay, Colombia, Perú y Brasil), no sin antes rebajarles el salario con el argumento de ‘evitar la pérdida de las fuentes de trabajo'”.

Llamamos a desarrollar una intensa campaña de adhesiones a este proyecto que, junto a un proceso de lucha imprescindible y que ya está en marcha, será decisivo para frenar los planes de ajuste sobre todos los aeronáuticos y una victoria para el movimiento obrero en su conjunto.