El nombre de Tomada está asociado a la precarización laboral. Luego del asesinato de Mariano, no tuvo empacho en defender la tercerización laboral, que Mariano combatía y motivo por el cual la burocracia ferroviaria, asociada al negocio, lo asesinó.

 

En el propio Ministerio que Tomada dirige desde 2003, la planta de contratados representa el 40% de la planta total de trabajadores.

 

El gobierno defiende en los hechos y en el relato la política del dueño de La Salada, Jorge Castillo, quien ha hecho defensas públicas del trabajo esclavo. Justamente esto lo catapultó a formar parte de delegaciones internacionales de la Argentina para la “promoción de la industria nacional”. En una larga lista de empresarios que participaron de la delegación a Angola, figuraban el dueño de un prostíbulo de Recoleta, Alberto Fernández, y el propio Castillo, defensor del trabajo en negro y esclavo, promotor además del negocio prostibulario dentro del predio de La Salada.

 

En 2008, la patronal de la Cámara Argentina de la Industria de la Indumentaria, Benyakar y De Mendiguren, negociaron con Tomada el armado de la modificación de la ley de Trabajo a Domicilio, así lo anunció la Presidenta este año, al prometer el envío de un proyecto de ley al Congreso en el que burocracia y empresarios “colaboraron con el Ministerio de Trabajo para elaborar un proyecto conjunto” (Página/12, 21/8/2008; Prensa Obrera 1052 ver en http://cor.to/trabajopo). Dicha modificación eliminaba el molesto artículo de la ley que establece la responsabilidad de las grandes marcas sobre las condiciones de trabajo en las que fueron hechas las vestimentas que venden. El proyecto no prosperó por el escándalo que se armó. Sin embargo, mediante el favoritismo de la patria judicial se fue eximiendo a las patronales de su responsabilidad (habían sido denunciadas por la Fundación La Alameda). Oyarbide, junto a otros jueces, fueron fallando en favor de las patronales y atribuyeron la esclavitud a razones culturales. Al poco tiempo, el Ejecutivo puso en marcha también la modificación del Código Civil y Comercial a través del cual también se eliminó la “responsabilidad solidaria”.

 

La década K fue a fondo en la tarea de ofrecer a las patronales la continuidad de la precarización y una disminución del costo de la mano de obra, al límite de promover la esclavitud. Los nuevos muertos del trabajo semiesclavo, esta vez dos niños, son los muertos del proyecto K y de su socio en la materia, el gobierno de Macri, cuya mujer es parte de las grandes marcas que viven del trabajo esclavo promovido desde el Estado.